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Martín Llaryora apunta a dominar la inseguridad.
Martín Llaryora y la seguridad
Durante el último año, Llaryora avanzó en reformas estructurales a nivel de seguridad en Córdoba. En ese sentido, el principal movimiento fue el desplazamiento casi completo de la cúpula de la Policía de Córdoba, que en muchos casos se vio envuelta en hechos de corrupción que vinculaban a delincuentes con altos mandos policiales.
Algo similar sucedió con el Servicio Penitenciario de Córdoba, donde el Gobierno provincial instaló una intervención profunda para romper tejidos delictivos entre funcionarios y presidiarios. Algo que le valió el cargo a dirigentes históricos con décadas en el poder.
Además, Llaryora instaló a nivel provincial el servicio de Guardia Urbana. Se trató de un intento de extender la presencia policial ante la falta de agentes, lo que llevó al Gobierno provincial a ofrecer a los municipios la posibilidad de contar con cadetes que circulen las calles para denunciar hechos delictivos.
De vuelta en el plano penitenciario, el gobernador apostó por la ampliación de las instalaciones de Bouwer, con la apertura del CEMAX. Se trata de una unidad de máxima seguridad con medidas completamente nuevas para el aislamiento de los delincuentes más peligrosos.
A su vez, hubo una apuesta importante a un trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Mediante la relación entre Patricia Bullrich y Juan Pablo Quinteros, Córdoba instaló a las fuerzas federales tras años de ausencia y así poder aumentar la presencia, luchando contra un inocultable déficit de recursos humanos que sufre la fuerza provincial.
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La campaña aelera la gestión de Martín Llaryora.
Qué dice la oposición
Esas medidas y muchas otras fueron objeto de cuestionamiento por parte del arco opositor, que encontró en la seguridad una materia para basar la campaña electoral. Se trata de un aspecto criticado por los propios vecinos cordobeses y al cual el oficialismo admitió como “punto débil” de la gestión del PJ en más de 25 años.
Al respecto, referentes como Rodrigo de Loredo o Luis Juez han señalado una presunta escasez de medidas concretas para paliar el creciente ritmo delictivo que atestiguan las calles cordobesas. En ese sentido, el ministro Quintero admitió recientemente que la “situación será peor”, apuntando a la realidad económica como motor de crecimiento para el fenómeno de la inseguridad.
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