“Somos uno de los sectores más amplios, diversos y competitivos de la Argentina. Hay más de 5.000 agencias registradas en todo el país, son cientos de miles de puestos de trabajo que se ponen en riesgo frente a una competencia desleal que tendrá también consecuencias directas sobre los usuarios, por eso avanzamos con este amparo solicitando que esta medida se declare inconstitucional”, destacó el comunicado.
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Este no es el primer sector que va a la Justicia contra el DNU de Javier Milei. Ayer (04/01) el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) presentó un recurso de amparo asegurando que el decreto 70/23 “reduce la fuente laboral del farmacéutico porque devalúa su papel, autorizando la venta de medicamentos fuera de la farmacia y la dirección técnica farmacéutica en varios lugares simultáneos, lo que termina asegurando ausencia en todos lados...”
Días antes, fue el sindicato de pilotos (APLA) el que sumó un pedido de inconstitucionalidad del mega-DNU de desregulación y en paralelo solicitó una medida amparo que suspenda sus efectos. También lo hicieron la CGT y la CTA, obteniendo cautelares de la Cámara del Trabajo.
Cabe recordar, además, que ayer el fuero Contencioso Administrativo aceptó levantar el receso judicial para estudiar la constitucionalidad de la totalidad del DNU 70/2023 y al mismo tiempo desarmó el proceso colectivo con el que el Gobierno contaba para frenar las multiplicidad de impugnaciones que desató el polémico decreto que desreguló de forma masiva distintos aspectos de la vida de los argentinos.
De esa forma, deviene en abstracto la presentación del Poder Ejecutivo para que todas las presentaciones se sinteticen en un solo expediente y en ese fuero.
A contramano de lo que dictaminó el fiscal, el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria judicial para dar curso a las presentaciones del abogado Jorge Rizzo y de la asociación Observatorio del Derecho a la Ciudad, de Claudio Lozano y otros dirigentes de la CTA.
Quien también pidió que se declare la inconstitucionalidad del DNU de Milei fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Ante este pedido, el pasado 29/12 la Corte Suprema de Justicia giró el expediente al Procurador General, en un primer paso para el tratamiento del pedido, que se realizará cuando finalice la feria judicial.
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