El posicionamiento llega menos de 24 horas después de la difusión oficial de los archivos y se produce en medio de un fuerte cruce político. La desclasificación alcanza 167 documentos vinculados al 23F, pero distintos sectores y analistas han señalado que se trata de una publicación parcial, ya que no incluiría la totalidad de los fondos documentales existentes sobre aquellos días.
Los papeles difundidos revelan, entre otros puntos, que miembros del entonces CESID (Centro Superior de Información de la Defensa) tenían conocimiento previo del golpe y que existieron órdenes como la de “disparar a matar” en la toma difundida por RTVE. También aparecen referencias internas de los propios golpistas que calificaban como un “error” haber dejado libre al monarca y confiar en que actuaría como “un caballero”.
En ese contexto, la intervención de Feijóo desplaza el eje del debate: de la discusión sobre el alcance real de la desclasificación a una reivindicación explícita del papel institucional de Juan Carlos I. El debate deja de ser exclusivamente histórico y pasa a tener una dimensión claramente política.
Abu Dabi, las polémicas y la decisión que “depende de él”
Juan Carlos I se trasladó a Abu Dabi en agosto de 2020, en un contexto marcado por el deterioro de su imagen pública tras las investigaciones sobre presuntas comisiones vinculadas a contratos internacionales, regularizaciones fiscales ante Hacienda y revelaciones sobre su patrimonio en el extranjero. A ello se sumaron episodios personales que impactaron en su reputación, como la polémica cacería en Botsuana en 2012 en plena crisis económica y la exposición mediática de su relación con Corinna Larsen. La salida fue presentada entonces como una decisión para preservar la estabilidad institucional de la Corona.
Desde entonces, el rey emérito ha regresado en visitas puntuales y privadas, pero sin reinstalarse de manera permanente en España. En paralelo, intentó reconstruir su relato público a través de sus memorias, 'Reconciliación', donde reconoce “errores” en su trayectoria, reivindica su papel en la Transición (el proceso político que condujo a España desde la dictadura franquista a la democracia parlamentaria) y defiende su intervención durante el 23F.
El debate sobre su eventual regreso se reaviva en un contexto político cargado. En la sesión de control en el Congreso previa a la desclasificación, Feijóo había instado al Gobierno a ampliar la transparencia a otros asuntos (viajes en Falcon, contratos y episodios recientes) mientras el presidente Pedro Sánchez preguntaba directamente a la bancada popular “qué problema había” con desclasificar los documentos del 23F. Desde el PSOE se sugirió que el PP mostraba incomodidad con la apertura de archivos históricos, una acusación que la oposición fanática rechazó recordando que el partido fue fundado en 1989, ocho años después del golpe.
Tras hacerse públicos los documentos, que según diversas voces solo representan una parte del material existente, Feijóo pasó a reivindicar el efecto simbólico de la desclasificación en favor del rey emérito. El Ejecutivo, en cambio, evitó alimentar el plano político del asunto. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, subrayó que la decisión de regresar “depende exclusivamente de él” y, en su caso, de la Casa Real, y que nunca ha existido impedimento formal por parte del Gobierno.
Así, entre memoria histórica, transparencia y estrategia partidaria, la figura de Juan Carlos I vuelve al centro del tablero político. Lo que comenzó como una discusión sobre archivos reservados termina reabriendo un debate institucional de mayor calado.
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