Bolivia celebró una tardía tercera elección judicial. Lento conteo de votos, candidatos desconocidos, desconfianza ciudadana y justicia monopolizada por el MAS.
Si bien el gobierno de Luis Arce destacó el compromiso de los ciudadanos en una jornada electoral “tranquila”, se registraron varias detenciones, robos y falsificación de permisos de circulación y clausura de bares.
Los bolivianos eligieron a 19 de las 26 autoridades de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ) y Agroambiental (TA), y del Consejo de la Magistratura.
La tercera elección fue vista una vez por los juristas como un ejemplo más de la manipulación masista (Movimiento MAS) del sistema judicial. Las elecciones judiciales por voto popular fueron promulgadas en la Constitución boliviana vigente desde 2009 para aumentar la transparencia y para que los ciudadanos tengan un papel más activo en la conformación del sistema judicial en un intento por “democratizarlo”.
En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación. En los comicios judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante MAS.
Tal como contó Urgente24, los detractores de la elección popular de jueces rechazan los peligros que atentan contra la democracia boliviana la división de poderes y sistema de contrapesos y equilibrios. Uno es que la elección popular permite al partido mayoritario controlar el poder judicial, lo que pone en riesgo la independencia del poder, y prácticamente de la democracia misma. El sistema se convierte, dicen, en una herramienta para la influencia política partidaria comprometiendo la imparcialidad.
De hecho, la votación en Bolivia parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes. Tal mayoría la ha tenido en los últimos años el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha supuesto que esta fuerza política haya tenido el poder de aprobar la lista.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, calificó estas elecciones como “totalmente deslegitimadas”, según supo La Razón Digital, por un sistema judicial “podrido, sometido y adoptado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante 19 años”.
Reclamó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) falló en su tarea de garantizar una difusión clara y masiva sobre los méritos y antecedentes de los candidatos. Un gran problema de los comicios judiciales en Bolivia es que la mayoría de la gente no está de acuerdo con el método ni conoce a los candidatos.
Los candidatos no pueden hacer campaña electoral y el trabajo de difusión de perfiles personales que realizó la autoridad electoral no tuvo alcance masivo.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, calificó las elecciones judiciales de este domingo como “complejas” y calculó que el 80% de los electores no sabe por quién votar ya que en una boleta se tiene que votar por tres nombres en otra por dos, según supo el mimosa diario citado.
“Por eso, la mayor cantidad de las boletas estarán nulas, ya que no saben que se tiene que votar por cinco nombres”.
La jurista Kathia Saucedo se refirió, en dialogo con Visión360, a la “convivencia de las elegios (que serán minoría) con 5 “autoprorrogados”.
"Se viene un caos jurídico, que no hay duda que fue planeado por el Gobierno, al que le conviene tener una justicia controlada".
La instauración de las elecciones judiciales por el MAS ha facilitado la politización de la justicia en Bolivia. El Grupo Internacional del Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) reveló en 2021 que en el país ha habido un aumento en la politización de la justicia, graves indicios de corrupción judicial, falta de transparencia y acceso a la información judicial, lesión a derechos de las y los ciudadanos, falta de institucionalización y capacitación de jueces, fiscales y operadores jurídicos.
2 casos paradigmáticos evidencian la crisis institucional. El juicio contra Jeanine Áñez, quién asumió la presidencia interina de Bolivia en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales y luego fue sentenciada a 10 años de prisión, estuvo marcado por violaciones del debido proceso en referencia a la falta de independencia judicial. Los comicios judiciales permitieron que el sistema estuviera dominado por mangistrado afines al MAS.
En los año posteriores al referéndum en 2016 en que los bolivianos rechazaron la reelección indefinida, el TCP, conformado por mayoría de magistrados del MAS, emitió un falló controvertido en 2017 que permitió a Morales postularse nuevamente e inhabilitó varias candidaturas opositoras con pocos o vagos argumentos.
La guerra fratricida entre Morales y Arce también ha develado la justicia politizada en Bolivia. La justicia monopolizada por el MAS es utilizada como instrumento político, incluso dentro del propio partido gobernante. Arce durante este año ha reflotado varias causas de corrupción y abuso de Evo en su disputa por el liderazgo y candidatura del MAS para las elecciones judiciales de 2025.
A pesar de la sucesión de sentencias y fallos de los tribunales, Evo Morales buscará presentarse a las elecciones de 2025 vía un amparo y bajo un posible nuevo partido. Supuestamente sufre una orden de arresto en su contra, pero increíblemente la policía no logra aún dar con él, como tampoco con Cindy Vargas, la supuesta joven víctima de un abuso de parte de Evo cuando era menor, desaparecida desde octubre.
Se cree que Evo Morales está refugiado en la sede sindical de los cocaleros en su bastión del Chapare, en el centro de Bolivia.
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