El caos socio económico en Bolivia por los violentos bloqueos de Evo Morales llevó al gobierno a posponer las elecciones judiciales.
El jueves (31/10) por la noche la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la reprogramación de las elecciones judiciales ante el la crisis sociopolítica en Bolivia profundizada por los sostenidos bloqueos de Evo Morales que dañan a la economía.
“Hemos movido el día de la jornada electoral para el próximo 15 de diciembre, debido al grado de conflictividad que vive el país, debido a las dificultades de logística que no nos permiten desplegarnos en todo el territorio nacional”, informó la autoridad del organismo electoral.
De acuerdo con el vocal Tahuichi, será imposible implementar la logística electoral para el 1 de diciembre, fecha prevista inicialmente para los comicios. Consideró que postergar por dos semanas era pertinente.
El TSE informó que, como parte de la reestructuración del calendario, se pospondrán los procedimientos clave, como el sorteo de jurados electorales y contratación de notarios, notificación y capacitación de jurados electorales y difusión de méritos de candidatos, que se realizará en dos semanas.
Los violentos bloqueos interminables suman 19 días aunque en pocas regiones evistas ya los levantaron. La situación es tal que las protestas dejaron varios policías heridos y periodistas retenidos por los manifestantes en los enfrentamientos en Santa Cruz.
Evo Morales, en busca de su impunidad y reelección inconstitucional, acusó el fin de semana al gobierno de Luis Arce de intentar matarlo cuando se dirigía de la localidad de Villa Tunari a Lauca Ñ., aunque el gabinete de Arce dijo fue un mero “teatro”. Desde entonces, la tensión recrudeció; Arce amenazó con usar las facultades constitucionales (posible estado de excepción) para limpiar las calles de evistas, y Morales con un levantamiento militar en caso de ser detenido y sostuvo que las Fuerzas Armadas “se amotinarán” en contra de las autoridades.
Evo Morales llamó a una renuncia colectiva dentro del gabinete de Luis Arce, aunque también fue rechazada. “Ni cobardes ni traidores”, le respondieron los arcistas.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el ejecutivo no descarta enviar a las fuerzas armadas a las calles para desbloquear carreteras.
En los últimos días, los seguidores de Evo, insatisfechos con aquella peticiones, pidieron directamente la renuncia del presidente y el adelanto de las elecciones acusando a Arce librar una batalla judicial contara Morales denunciado por estupro, corrupción e intento de asesinato en 3 casos separados en los últimos días. La idea de ellos es blindar a su líder ante una eventual orden de captura luego de que él se negara a declarar por el supuesto abuso que cometió contra la joven Cindy Vargas, a quien habría embarazado a sus 15 años.
Los bloqueos, que paralizan al país y perjudican a varios sectores productivos como el bananero, avícola y sojero, dejaron pérdidas US$ 1.500 millones, lo que representa un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) por la interrupción de vías.
Las elecciones judiciales por voto popular fueron promulgadas en la Constitución boliviana vigente desde 2009 para aumentar la transparencia y para que los ciudadanos tengan un papel más activo en la conformación del sistema judicial en un intento por “democratizarlo”.
El mandato de los jueces elegidos es de seis años y las cortes que se eligen son el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
El 15 de diciembre 7.333.933 bolivianos elegirán a 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y tres miembros del Consejo de Magistratura. En todos los casos, serán elegidos titulares y suplentes.
En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación.
En los comicios judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante MAS.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró en diferentes ocasiones su preocupación por el proceso electoral y llamó a Bolivia a garantizar los comicios judiciales.
El Vocero de (TCP) advirtió el miércoles que las elecciones judiciales todavía están en vilo por 46 recursos constitucionales presentados ante el Tribunal.
Los detractores de la elección popular de jueces rechazan los peligros que atentan contra la democracia boliviana la división de poderes y sistema de contrapesos y equilibrios. Uno es que la elección popular podría permitir al partido mayoritario controlar el poder judicial, lo que pondría en riesgo la independencia del poder, y prácticamente de la democracia misma. El sistema se convertirá, dicen, en una herramienta para la influencia política partidaria comprometiendo la imparcialidad.
De hecho, la votación en Bolivia parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes. Tal mayoría la ha tenido en los últimos años el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha supuesto que esta fuerza política haya tenido el poder de aprobar la lista.
Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005) explicó a BBC: “ En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales” .En en 2017 la cifra de votos en blancos y nulos llegó al 65%.
“Aprobaron las nóminas para la elección popular y no llevaron a los ciudadanos más capacitados o conocidos. Al contrario, gente que tenía algún prestigio o que podía ser eventualmente un buen candidato, prefirió no presentarse para evitar la manipulación política o partidaria”, afirmó.
El caso de la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, es un caro ejemplo de una justicia “politizada” en Bolivia. Ella denunció que la cabeza del Ministerio Público de Bolivia, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, la despidió y ordenó frenar una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en la investigación por presuntos delitos de estupro y trata y tráfico de personas.
Tras la polémica, Lanchipa la restituyó en su cargo y citó a declarar al expresidente quien nunca acudió al Tribunal. Varios opositores exigieron un juicio de responsabilidades contra él por proteger a Evo.
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