A su turno, Moreno hizo hincapié en los 4 aprehendidos y aseguró que "el criterio para determinar que estén presos es la comisión de nuevos hechos delictivos". Sobre esa línea agregó que existe "un perjuicio patrimonial que alcanza los 700 millones de dólares, al menos".
"Conducción en las sombras"
El juez, Nicolás Foppiani, quien atribuyó a Gazze, Scarel, Buyatti y Macua de haber mantenido una "conducción en las sombras" de la compañía al liderar un grupo compuesto por 19 personas imputadas, indicó que "los imputados ejercen el control de facto de la empresa".
Asimismo, sostuvo que los cuatro habían desviado fondos por $890 millones en casi cinco años de manera ilícita.
Desde la enajenación de una aeronave, a la que seguían pagando gastos luego de una supuesta venta, hasta el pago con la caja de Vicentin y sus vinculadas de consultorías, servicios periodísticos para organizar campañas mediáticas, cauciones judiciales y honorarios de los abogados que defienden a los acusados en el juicio penal, distintos hechos fueron señalados por la fiscalía como parte de maniobras mediante las cuales los viejos y nuevos directivos se concertaron para seguir sacando plata de las empresas y deteriorando su patrimonio.
"La realidad económica por sobre el ropaje jurídico", dijo el juez Foppiani al leer la decisión de los magistrados.
Según Moreno hay "confirmado que han pagado a periodistas de Buenos Aires para desinformar", es decir, que los comunicadores "recibieron dinero para malinformar sobre el trabajo de Fiscalía en la causa".
Por ende, el tribunal integrado con otros dos magistrados aceptó el pedido de la fiscalía y dictó prisión preventiva por cuatro meses. En tanto, estarán detrás de las rejas hasta el 29 de julio, fecha en la que se debe realizar en una nueva audiencia el inicio del juicio.
El fraude que complica a la agroexportadora
Una de las controversias que surgió durante la audiencia fue el uso de fondos de la empresa para el pago de honorarios legales. A raíz de ello, el abogado querellante, Lautaro Dentone, quien representa junto a Facundo Rui López a las firmas-víctimas, aclaró que "con fondos de Vicentin y las empresas vinculadas se pagaban honorarios y gastos personales de los imputados por haber defraudado a los acreedores".
La situación de Vicentin se complica aún más con la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que cuestionó el concurso preventivo de la compañía.
"El concurso preventivo siempre fue, de alguna manera, la defensa de Vicentin", explicó Dentone. Sin embargo, la Corte apuntó como "vergonzoso" el acuerdo propuesto, que ofrecía a los acreedores un pago de solo el 15 o 20 por ciento de sus deudas.
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