- Alicurá está concesionada a la estadounidense AES, con los mismos plazos que las anteriores.
- Piedra del Águila está manejada por Central Puerto. Su concesión venció en 2023.
La privatización de estas centrales hidroeléctricas clave forma parte del plan de transformación de empresas públicas, y será llevada a adelante por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la secretaría de Energía. El objetivo es la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades operadoras, en un proceso que se extenderá por 180 días.
La privatización de las represas
Durante este período, los actuales concesionarios seguirán operando las plantas hasta que se concrete la transferencia al sector privado.
Se estableció que el proceso de oferta del paquete accionario mayoritario deberá incluir diversos anexos, como el contrato de concesión, inventarios, normas de manejo de aguas y la protección ambiental, entre otros.
Además, se faculta a la secretaría de Energía para gestionar las transferencias necesarias de bienes, personal y contratos, asegurando la continuidad del funcionamiento de las plantas.
Hasta el momento, el paquete accionario de estas cuatro empresas está en manos de Enarsa (con el 98% de las acciones) y NASA (con el 2%), de forma "transitoria", hasta que se complete la privatización.
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La represa El Chocón, cuya concesión original venció en 2022, está en manos de la italiana Enel.
Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo
El llamado a concurso público de las represas se da en el marco de la Ley Bases, cuyo título pertinente es reglamentado a través del decreto 695/2024. El mismo establece las normativas para las privatizaciones. Cada empresa o sociedad a privatizar debe presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo, especificando el tipo de privatización, procedimientos, modalidades y plazos. Este informe también es enviado a la Comisión Bicameral del Congreso para su revisión.
Finalmente, el Gobierno deberá convocar ofertas del sector privado, tras la autorización del Ejecutivo. La normativa aclara que, antes de formalizar los contratos, la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación deben revisar los documentos pertinentes. En caso de observaciones, se requerirá un nuevo informe antes de proceder.
Esta medida marca un hito en el plan de privatizaciones del actual Gobierno, orientado a agilizar la transferencia de activos al sector privado y el achicamiento del estado. Desde el Ejecutivo se señala que el objetivo es mejorar la eficiencia en la gestión de las empresas, en este caso de las centrales hidroeléctricas.
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