Las inconsistencias a nivel salarial se corresponden con una situación crítica que atraviesa todo el agro argentino en materia laboral. Según estadísticas publicadas recientemente por el Indec, en ese sector hay más trabajadores asalariados en negro (591 mil) que en blanco (328 mil). Es decir que el nivel de informalidad llega al 64%.
La falta de registro dificulta por supuesto los controles y el acceso de los empleados a condiciones dignas de trabajo.
Por medio de estos procedimientos, la AFIP busca “garantizar el cumplimiento de los derechos laborales”. Las fiscalizaciones impulsadas por la DGRSS se potencian a partir de los acuerdos de trabajo coordinados con otros organismos públicos, “entre los que se destaca el trabajo articulado en el territorio con los ministerios de trabajo provinciales, y también con distintas entidades sindicales”.
De acuerdo a los organismos, el abordaje coordinado potencia la capacidad de fiscalización involucrando a los diversos actores clave para la formalización laboral. “La mejora de las herramientas y sistemas disponibles permite ampliar el universo fiscalizado de empleadores con potenciales situaciones de irregularidades e incumplimientos a nivel nacional”, señalaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos.
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