La Fundación Libertad y Progreso posiciona fuerte su postura sobre como es responsabilidad del Gobierno provincial el aumento del delito en su territorio.
La Fundación Libertad y Progreso advierte sobre la escalada de violencia en la Provincia de Buenos Aires y subraya que es el gobierno provincial quien debe enfrentar y gestionar el aumento del delito en su territorio.
Para combatir eficazmente la inseguridad, las políticas públicas deben partir de un diagnóstico correcto. No es admisible sostener que los delincuentes son víctimas de la sociedad y la pobreza, mientras se desatiende a quienes sufren las consecuencias de sus acciones. La mayoría de las personas en situación de vulnerabilidad trabajan de manera honesta para salir adelante, y el crimen no distingue niveles de ingreso.
El relato que convierte al delincuente en víctima deja sin lugar a quienes padecen sus delitos. Además, impide que los ciudadanos honestos reciban la protección y la justicia que merecen.
Según lo establece la Constitución Nacional, las penas no deben responder a un deseo de venganza, sino a la necesidad de resguardar a la sociedad. Cuando una persona reincide en el delito, su aislamiento debe prolongarse para evitar que siga afectando a terceros.
Es indispensable definir un marco legal que contemple qué hacer con los menores que reinciden en el crimen. No pueden quedar en libertad sin control, exponiendo al resto de la sociedad a nuevos ataques.
Se requiere un sistema de reclusión adaptado a estos casos, con un enfoque que permita a los jóvenes infractores abandonar el delito y reintegrarse como ciudadanos de bien. Este mismo principio debe aplicarse en las cárceles de adultos. Experiencias como la de la asociación 'Espartanos', que fomenta valores positivos a través del rugby, han demostrado su eficacia en la resocialización de los internos.
Para que las fuerzas policiales cumplan su función, es fundamental que cuenten con el apoyo institucional, los recursos adecuados y un sistema de auditoría eficaz. La seguridad de los ciudadanos debe ser una prioridad ineludible para el gobernador y su equipo.
Tal como informó Urgente24 en: Javier Milei apunta a PBA, pero salpica al resto de los gobernadores
El presidente Javier Milei avanzó en la mañana de hoy (28/2) con una fuerte embestida contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien le pidió la renuncia por la fuerte ola de inseguridad que azota territorio bonaerense. La maniobra presidencial demandó la toma de “control” para poder frenar las muertes en situaciones de delito.
En ese orden, la arremetida contra el gobernador bonaerense y su gestión fue respaldada por el resto de la Casa Rosada. La propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que la población de Buenos Aires espera una reacción de la Casa Rosada.
La postura oficial contra PBA llega además en un momento delicado respecto a la relación entre los gobernadores y la administración libertaria. Tras un año de fuerte sequía coparticipativa, serán pocos los mandatarios que acudirán el próximo sábado (1/3/) a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que encabezará el libertario.
Una imagen que dará cuenta de la relación entre Casa Rosada y los gobernadores será la del próximo sábado en el Congreso, con la apertura de las sesiones ordinarias encabezada por Javier Milei. Allí, habrá una discreta congregación de mandatarios provinciales ya que gran parte declinó las invitaciones.
Entre los que no estarán se destacan el propio Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa). Tampoco se presentarían Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes en algunos casos enviarán representantes al acto.
Milei sí contará con la presencia de mandatarios de peso, en particular de la Región Centro. Se trata del cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, quienes se mantuvieron en el eje colaborativo durante el año pasado y quienes elevaron el tono de las críticas al oficialismo nacional recientemente.
Para sus provincias, el tratamiento de la Casa Rosada ha sido particular debido a su peso sustancial, tanto a nivel político como productivo. De hecho, a nivel de seguridad, la ministra Bullrich abrió canales de colaboración directa, destacando los operativos federales tanto en Rosario como en Córdoba capital, pero muy lejos de intentar intervenir.
Sin embargo, ciertas expectativas (sobre todo fiscales) no se han cumplido no parecen rumbo a cumplirse, lo que puso a Llaryora y a Pullaro en posición de endurecer un poco la relación con la administración Milei.
Del presidente Javier Milei al juez Ariel Lijo y la fiscal Sabrina Cladera
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