“En Villa Mascardi reclamamos a la APN abstenerse de tomar las ilegales medidas promovidas por la Secretaría de DD.HH. de la Nación, instar al Tribunal Oral de General Roca a continuar a la brevedad el juicio por usurpación en curso, reclamar la plena posesión de sus propiedades de dominio privado y público y recuperar el pleno ejercicio de sus funciones que ha dejado de ejercer en la zona desde hace más de 5 años”, cerraron.
Escándalo interminable
Cabe destacar que algunas de las comunidades beneficiarias de aquellas tierras no están registradas legalmente aún, es decir, carecen, entre otras falencias, de la personería jurídica que las reconozca como tales. Además, según trascendió, aquellas comunidades mapuches tuvieron muchas dificultades para demostrar a la justicia la posesión ancestral. Tal es el problema que el gobierno debe resolver pero que prefiere eludir y ceder.
Pero más allá de la autenticidad o no de aquella comunidades, las beneficiarias tienen un pasado violento con los vecinos. Para reclamar su derecho a la tierra no recurrieron al diálogo sino a la vandalización. Han tomado e incendiado la ruta 40 del Bolsón y generaron hecatombes en el sur del país. Ahora el gobierno, para calmar la tensión, falla otra vez y, en su falacia progresista, decide entregar tierras a mapuches sospechosos, que por estas horas en las redes los llaman “maputruchos”.
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Permanece el conflicto entre "maputruchos" y vecinos de Villa Mascardi.
Pero no todo está perdido. Recientemente, tal como informó Urgente 24, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó un recurso que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había presentado, fuera de término, por los derechos de miembros de la familia Buenuleo (comunidad Lof Che Buenuleo), de San Carlos de Bariloche (Río Negro), sobre tierras que estaban en disputa entre el Pueblo Mapuche y un particular que sostiene que era dueño de una propiedad de 90 hectáreas al pie del cerro Ventana. La clave fue un error del INAI: apeló fuera de término. Déficit de Derecho Administrativo.
Pero que todo este asunto en Bariloche esté en manos de Pietragalla Corti, no ofrece un panorama esperanzador. El funcionario cada mes protagoniza polémicas por su selectiva y tendenciosa política sobre los derechos humanos. El mes pasado, presentó un informe sobre “lawfare” ante la Organización De las Naciones Unidas (ONU), en que pretendió “victimizar” a la vicepresidenta Cristina Kirchner y denunciar la supuesta persecución judicial practicada, de acuerdo a ellos, por la CSJN en connivencia con la oposición.
Esa maniobra se entendió como una tentativa de propagar el sesgado relato de Cristina Kirchner por la comunidad internacional para buscar avalar su embestida contra la CSJN, tras ser condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta.
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