¿Nuevo sistema?
En otro tramo de su nota, la jueza plantea un cambio de sistema: "Las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán reconsiderar su ingeniería electoral, dejando de lado las cuestiones políticas, y diseñando un sistema pensando en facilitar a las personas el ejercicio del derecho al sufragio y así conseguirán, seguramente, una opción que funcione", dijo en referencia al uso del a boleta única electrónica (BUE) que en algunos casos ocasionó numerosas fallas en el sistema y demoras a la hora de votar.
"Estos inconvenientes -repetidos en numerosas mesas y locales de votación y durante toda la jornada- transformaron esta elección, en los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años en esta Ciudad, afectando el derecho a sufragar de muchos ciudadanos que no pudieron votar a nivel local, o debieron hacerlo en condiciones deficientes", dijo en otro fragmento de su escrito la magistrada.
"Todo ello innecesariamente y en virtud de situaciones que las autoridades locales de la Ciudad de Buenos Aires -sobre todo el Instituto de Gestión Electoral y su empresa contratada- no previeron, planificaron mal y ejecutaron peor", sentenció.
“Maltrato” y baja del acuerdo
En tanto, en otro de los pasajes de la nota, Servini acota: "de más está decir que el maltrato al que se vieron sometidos tanto los electores como las autoridades de mesa desalienta la participación electoral y el ejercicio de un derecho fundamental que hace a las instituciones republicanas".
Pero lo saliente de la nota es que la jueza mencionó la baja del acuerdo por el cual se hicieron los comicios con sistema electrónico: "el 'Acta Acuerdo' firmada el 24 de Junio de 2023 ante este Juzgado Federal Electoral entre el Director del Instituto de Gestión Electoral y el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no puede permanecer vigente, por evidente incumplimiento de su Cláusula Segunda".
La cláusula mencionada dice que "el IGE y demás autoridades locales en el ámbito de sus competencias poseen responsabilidad exclusiva en la implementación de tecnologías al procedimiento de emisión de voto y sus actos correlativos (...)" y que las autoridades locales "garantizarán el buen funcionamiento de las máquinas, la conectividad de los locales de comicio y el cableado necesario, al igual que la disposición de personal técnico idóneo".
En esa línea, la jueza concluyó que "de no dejar sin efecto dicho acuerdo, no es posible garantizar la normalidad y seguridad del acto electoral que habrá de desarrollarse en octubre próximo, siendo el bien jurídico principal a tutelar en la especie, el derecho de la ciudadanía a expresarse libremente en las urnas, de manera digna, facilitándose el ejercicio del derecho constitucional de votar".
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