CÓRDOBA. Las retenciones a las exportaciones del campo son uno de los puntos más conflictivos de la política impositiva del Gobierno nacional. La eterna pelea, que comenzó a mediados de la década de los 2000, continúa más viva que nunca.
Y ahora, la “pelota” está en manos del juez federal N°1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro. El magistrado fue el encargado de hacer lugar, por primera vez en mucho tiempo, a un recurso de amparo presentado por el campo, representado por la Sociedad Rural de Jesús María.
Desde el sector del agro consideran que el cobro actual de las retenciones incumple con la ley, ya que los nuevos valores fueron impuestos por la pluma presidencial tras el vencimiento de la ley de Emergencia Pública. Cabe recordar que dicha ley venció el 1 de enero de 2022, tras la falta de aprobación de un nuevo presupuesto que la renueve, quitándole la posibilidad al Ejecutivo de imponer nuevos gravámenes sin pasar por el Congreso.
Ante esto, el juez cordobés ordenó a la AFIP que presente sus explicaciones sobre el cobro de retenciones posteriores a la fecha de vencimiento, exigiendo además un informe detallado al respecto. Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos decidió responderle al juez federal de Córdoba recusando la medida, algo que fue rechazado por el magistrado.
De esta manera, Ricardo Bustos Fierro decidió seguir firme en su postura de indagar sobre la posible inconstitucionalidad del cobro de retenciones por parte de AFIP. El magistrado cordobés, el más fuerte de la provincia y su zona de influencia, es quién maneja los casos más relevantes en ese lugar, y tiene una fuerte influencia a nivel nacional, además de una estrecha relación con el gobernador Juan Schiaretti (opositor a la Casa Rosada)
Con pocos meses a vencer la prórroga de su cargo (pasa la edad de retiro), el juez cordobés espera poder renovar su lugar en la Justicia federal una vez más. Ello dependerá, entre otras cosas, del nuevo Consejo de la Magistratura, elemento institucional central en los últimos meses.
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