La cautelar suspende los efectos de los artículos impugnados mientras se analiza la cuestión de fondo, que es su constitucionalidad.
En la central sindical creen que la discusión terminará en la Corte Suprema. En tanto, en el Poder Ejecutivo pretenden acotar la disputa legal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
La reforma laboral incluye en su artículo 90 un convenio entre Nación y CABA para el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional al porteño.
El juez Ojeda no incluyó ese acuerdo en su fallo, pero una cautelar anterior, dictada por el juez Herman Mendel a mediados de marzo, lo suspendió.
Mendel hizo lugar a un reclamo del sindicato de judiciales que impugnó que el convenio se haya aprobado en sesiones extraordinarias pese a no encontrarse en el temario.
Si el convenio queda en firme, el Tribunal Superior de Justicia sería la última instancia de revisión. Allí tienen terminales operadores como Daniel Angelici, quien se incorporó indirectamente al gobierno de Javier Milei a través del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
De lo contrario, la interpretación final quedará a cargo de la Corte Suprema de la Nación, que es lo que pretende la CGT, como lo adelantó el triunviro Cristian Jerónimo.
Golpe judicial
En el oficialismo no dejan de ver un "golpe judicial" en la cautelar , sobre todo por el pasado del juez Ojeda como asesor de Carlos Tomada cuando fue ministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner.
En el comunicado en el que anunció que apelará el fallo, el ministerio de Capital Humano, del que depende la secretaría de Trabajo, rechazó "los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia".
Sin reformas estructurales
Más allá de los efectos legales, la resolución judicial pega en la línea de flotación en cuanto a las reformas estructurales que impulsa. La laboral era la más tangible hasta aquí, cuando además se proyecta otra en materia impositiva y, finalmente (y con mayor dificultad) una previsional.
Con la ley suspendida en sus artículos esenciales, el Gobierno se quedó sin una reforma estructural vigente, prometida no sólo a los inversores, sino también al FMI.
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