La novedad fue adelantada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que en conferencia de prensa celebró como "una gran noticia" la decisión de la magistrada.
No obstante, resta la definición sobre la cuestión de fondo.
De esta forma, los artículos mantendrán su vigencia mientras se resuelva la cuestión de fondo, que es si la denominada "Modernización laboral" es constitucional.
En su fallo, la jueza consideró que "la lesión de los derechos o garantías invocada en la demanda no surge de forma clara e inequívoca" y que por su "complejidad y extensión", el planteo de la CGT "requiere un examen profundo de estudio sobre los derechos involucrados" pero que este "no puede ser merituado a título cautelar, sin riesgo de adelantar opinión sobre el contenido del pronunciamiento definitivo".
Según la magistrada, "no resultan viables las medidas cuando -como en el caso-, con la suspensión de 81 artículos de la ley N°27.802- se pretende imponer un inoportuno discernimiento sobre cuestiones que, por su complejidad jurídica, exceden el limitado ámbito de conocimiento preliminar propio de una cautelar".
Agregó que se evidencia además "la falta de configuración del requisito del peligro en la demora" en atención a "la razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva, dados los exiguos plazos que rigen en este tipo de acciones y el específico estado de autos, donde -más allá de las cuestiones relativas a la integración de la litis con otros intervinientes- ya se ha contestado demanda".
La jueza Marra Gutiérrez entendió que "no se aprecian reunidos los requisitos legales exigibles para la procedencia de la cautela ordenada oportunamente" por el juez Ojeda, por lo que "corresponde dejar sin efecto la suspensión de los artículos de la Ley de Modernización Laboral N°27.802".
El fallo de Marra Gutiérrez se conoció un día después de que la Corte Suprema rechazara un pedido de per saltum solicitado por el Gobierno para que revoque la cautelar sin aguardar el pronunciamiento de las instancias inferiores.
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