El per saltum pretendía que la Corte revoque la medida cautelar que el juez laboral Raúl Ojeda hizo lugar a pedido de la CGT y que suspendió la vigencia de más de 80 artículos de la legislación.
De todas formas, esa medida de amparo fue puesta en suspenso durante su apelación por la Cámara del Trabajo, por lo que los artículos suspendidos recuperaron su vigencia.
Por este motivo la Corte consideró "inoficioso" el pedido de la Procuración del Tesoro, a cargo del caputista Sebastián Amerio.
Por otro lado, ante un pedido del Gobierno, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo declaró su competencia para intervenir en el caso y intimó al juez Ojeda a entregar el expediente.
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