Según la presentación, en la actualidad hay 91 intendentes -sobre los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires- con la posibilidad de ir por un nuevo mandato extendiendo su vigencia en el territorio hasta 12 años. Y así, planteó Alva, se viola la primera que se sancionó en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal que que limitó la reelección de los intendentes a un solo período.
Ante esta presentación, la Corte Suprema pidió opinión al procurador Casal, que respondió hoy.
El procurador general señaló que para que el máximo tribunal intervenga de manera directa en una causa “la demanda deducida debe fundarse directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional” y que no podrá hacerlo “cuando en el proceso se debatan cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de ellas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades provinciales”.
Y para Casal ese último caso es el que se da en el reclamo por las re reelecciones de los intendentes. Para el jefe de los fiscales el presidente de PAIS debe iniciar su reclamo en la justicia de la provincia de Buenos Aires y eventualmente la causa puede llegar a la Corte Suprema ante las apelaciones que se puedan dar en el expediente.
“Por lo tanto, es mi parecer que corresponde a la justicia de la provincia de Buenos Aires expedirse al respecto, ya que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario”, sostuvo.
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