"Exigimos responsabilidades de las autoridades ante la grave situación que enfrentan los trabajadores de peajes de la ruta del Mercosur", finalizaron.
Cabe tener en cuenta que, en caso de llegada la fecha sin novedades, desde el organismo vial ya advirtieron que los 500 empleados se quedarán sin trabajo y deberán marcharse a sus hogares. Por ende, será la Gendarmería la encargada de cuidar las instalaciones y la entidad la que operará la ruta. A su vez, levantarán las barreras del peaje.
Movilización y reclamo
Dentro de ese escenario crítico, mientras los días continúan pasando y no se obtiene solución alguna, el Sindicato Único de Trabajadores de Concesionarias Viales y afines de la provincia de Santa Fe (SUTRACOVI) convoca a una jornada de visibilización en el puente Rosario-Victoria. El reclamo será el próximo jueves 27 de marzo desde las 10.
Según lo indicado por el gremio, la actividad tiene como propósito "poner ante los medios de comunicación y ante los usuarios la grave situación que enfrentan los trabajadores viales ante el inminente fin del contrato de concesión y la falta de respuesta por parte de las autoridades".
¿Cómo será la licitación del puente Rosario-Victoria?
El decreto firmado por el presidente, Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece un plazo de 12 meses para la licitación del puente Rosario-Victoria. El plan apunta a elegir a los nuevos administradores antes del inicio de 2026.
El mantenimiento y el cobro de peajes en la Ruta Nacional 174 se encuentra hasta el 8 de abril en manos de Caminos del Río Uruguay SA. La misma empresa opera en el resto del corredor vial 18, pero ahora se abre el juego para que otras compañías tomen el control de las principales conexiones viales de Entre Ríos y Corrientes.
En ese sentido, el Gobierno dispuso un llamado a licitación pública nacional e internacional que incluye el puente Zárate-Brazo Largo, así como los accesos a los pasos fronterizos de Paysandú y Uruguayana. En todos los casos se habilitan "nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales" en la prestación de los servicios.
Voceros de Vialidad Nacional señalaron que la apertura al capital privado apunta a reducir los gastos del Tesoro nacional. Según el cálculo de las autoridades, los subsidios a las concesionarias de rutas requieren un desembolso de 6.100 millones de dólares con una proyección entre 15 y 20 años.
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El decreto 28/2025, publicado a mediados de enero, se enmarca dentro de la Ley N° 27.742, que promueve la reorganización administrativa del Estado, buscando hacer la gestión pública más eficiente y transparente.
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