Este martes se realizaba la reunión de la Junta Directiva de la central fabril en la que su cúpula intentaba sellar un candidato de unidad entre las 2 líneas internas que conviven dentro de la entidad y se alternan en la presidencia. Funes de Rioja representa al sector denominado "industrial", en contra posición del grupo "celeste y blanco", cuyo candidato era Miguel Ángel Rodríguez, de Sinteplast.
Rodríguez cuenta con el apoyo de pymes y empresas de menor envergadura, mientras que Funes de Rioja es respaldado por grandes firmas, como Arcor y Techint.
Si bien Funes de Rioja ha mostrado un perfil dialoguista con la gestión del Frente de Todos, anticipan que el futuro presidente de la UIA asumirá un tono más crítico que el de Acevedo contra las políticas oficiales con las que está en desacuerdo.
Funes de Rioja reprochó el programa 'Precios Máximos', al considerar que el congelamiento de precios es un riesgo para la sustentabilidad de las empresas, dado que los costos no paran de subir.
Este punto ha sido uno de mucha beligerancia entre el gobierno y el empresario. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, le habría reprochado que las empresas alimenticias fabrica productos "mellizos" para eludir el programa oficial.
"Ustedes lo único que saben hacer es aumentar precios y violar los acuerdos. Tienen productos en Precios Máximos y se ponen a fabricar productos similares con precios más caros. ¿Por qué no le vamos a aplicar la ley?”, le dijo Kulfas a Funes de Rioja -según trascendió- durante un encuentro con la Junta directiva de la UIA, a mediados de abril.
La Copal también presentó un reclamo administrativo para que se suspenda el sistema que exige a las empresas informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos. Entre los principales fundamentos figuran la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad de dicha resolución.
La institución también pidió la derogación del Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (Sifire), que -aseguraron- “colisiona con marcos normativos preexistentes y con competencias de las autoridades sanitarias correspondientes, sumándose al extenso listado de trámites del sector”.
Funes de Rioja también se opone al denominado impuesto a la riqueza, al que consideró un "impuesto al patrimonio", y a la prohibición de despidos y el pago de doble indemnización.
