La utilización del DNU había sido anticipada por el ministro en una reunión de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.
"Quiero contar además, que estoy propiciando, creo que va a salir, un DNU que va poner de interés público a todo el recurso sanitario de la Argentina, no vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal y privado pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, dijo.
Con el correr de las horas, en medio del malestar de las empresas de la medicina privada por la virtual estatización de sus recursos, comenzaron a salir versiones que relativizaban las declaraciones del ministro. También trascendió que había disconformidad dentro del Gobierno, donde interpretaban que González García actúo por su cuenta.
En ese marco, se acordó con las empresas establecer una mesa de coordinación para el uso eficiente de los recursos, principalmente de las camas.
De acuerdo a Infobae.com, no sería tampoco una centralización nacional sino una distribución por distrito. Gabriel Barbagallo, de ACAMI, destacó en declaraciones a ese medio que “nos sumaron a la mesa de opinión, algo que veníamos pidiendo pero en la primera etapa de la emergencia no había posibilidad de insistir". "La ocasión nos permitió volver sobre este planteo y esto nos da la posibilidad de colaborar en forma directa”, dijo
"Queremos estimular la coordinación en todas las jurisdicciones entre lo público y lo privado para que las decisiones tengan un fin público en el marco de esta emergencia", explicó González García a clarín.com, una vez terminada la reunión.
El ministro añadió que la coordinación con las provincias es más dificultosa en un país federal como la Argentina y USA y comparó la medida que busca implementar con la que el alcalde de Nueva York Andrew Cuomo le reclama a Donald Trump.
La medida se implementaría a través de una resolución del ministerio, que es la autoridad de aplicación en el marco de la pandemia, por el DNU 260 del Presidente. Fue a través de ese instrumento, por ejemplo, que el Gobierno decretó el 14 de marzo y -solo con la firma del ministro- el cierre de las fronteras para los no residentes.
Del encuentro participaron José Sánchez, de la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas (representa a las ambulancias y los servicios de traslado), Miguel Troisi, presidente de Faosdir (representa a obras sociales de dirección de empresa, como OSDE) y representantes de Acami (entidades sin fines de lucro), de Adem (Asociación de Empresas de Medicina Prepaga), de obras sociales nacionales (por ejemplo, UPCN tiene el Sanatorio Anchorena) y Jorge Cherro, de Adecra.
La salud privada atiende al 70% de la población, según los números que difunden desde hace tiempo, mientras que la otra porción está en manos del sector público a nivel nacional, provincial y municipal.
