En la jornada de hoy, ingresó al Congreso Nacional una iniciativa para que se exceptúe del pago del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2020 a todo el personal sanitario del país, tanto del sector público, como privado.
El autor de esta propuesta fue el senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, quien al respecto sostuvo: “Es un reconocimiento indispensable para con aquellos que ponen su esfuerzo y compromiso día a día en la lucha contra esta grave enfermedad que hoy aqueja a nuestro país”.
El pedido lo hizo a través de un proyecto de comunicación, en el marco de la emergencia sanitaria establecida a través del Decreto 260/2020, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud.
“Los profesionales y técnicos de la salud, así como los trabajadores administrativos y de mantenimiento del rubro sanitario, deberán en muchos casos extender sus jornadas laborales cumpliendo horas extras, como así también efectuando guardias no habituales, poniendo en riesgo su salud y ejerciendo así un rol fundamental para la salud pública y el bien de nuestra comunidad”, dijo Weretilneck.
Y en ese sentido, agregó: "Es por ello que, en este contexto, solicitamos al Poder Ejecutivo que exceptúe por el ejercicio fiscal 2020 el pago del Impuesto de Ganancias a todo el personal sanitario, tanto del sector público como privado, en tanto que el cobro por parte de muchos de ellos de un monto extraordinario a partir del cumplimiento de horas extras como de guardias no habituales, hará que sean alcanzados por el impuesto cuando normalmente no lo son".
"Ello haría que el tiempo extra en el que ponen en riesgo su salud no sea adecuadamente remunerado. Es por eso que solicitamos se los exceptúe del impuesto en el corriente ejercicio fiscal", sentenció.
Del lado de Diputados quien presentó un proyecto respecto a la pandemia fue el diputado nacional Luis Petri (UCR), quien presentó un proyecto junto a las firmas de Alfredo Cornejo y otros legisladores, proponiendo la suspensión del pago de los alquileres por 60 días correspondientes a los períodos en los cuales la autoridad pública, en sus respectivas jurisdicciones, disponga el cese de actividades consideradas como “eventos masivos”.
Es importante aclarar que “los montos adeudados deberán prorratearse en los restantes meses del año, una vez levantado el cierre dispuesto por la autoridad pública”, detalló Petri.
El decreto 260/2020 que amplía la emergencia sanitaria, en su artículo 18 expresa: “podrá disponerse del cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público; suspender espectáculos públicos y todo otro evento masivo; imponer distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones….”
“En ese sentido, es imprescindible aliviar las cargas y obligaciones que pesan sobre quienes se vean afectados por el artículo 18 del decreto 260/20”, explicó el legislador mendocino.
Ademas, Petri manifestó que “la emergencia no es sólo sanitaria, los sectores productivos y de servicios en nuestro país también están en riesgo”.
