La decisión fue criticada por organizaciones de víctimas, referentes de derechos humanos y funcionarios del Gobierno, que consideraron que este tipo de crímenes requieren un tratamiento especial por su gravedad y por el tiempo que las víctimas suelen necesitar para hablar.
Qué propone el Gobierno
A raíz del fallo, el Poder Ejecutivo confirmó que en el borrador del nuevo Código Penal que será enviado al Congreso se incorporará una cláusula que declare la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, particularmente aquellos cometidos contra menores.
Cúneo Libarona remarcó que esta modificación busca “evitar injusticias como la que acabamos de presenciar” y que “ningún abusador pueda ampararse en el paso del tiempo para eludir la responsabilidad penal”.
Actualmente, si bien existen normas que extienden los plazos de prescripción en delitos sexuales contra menores —e incluso suspenden el cómputo hasta que la víctima alcanza la mayoría de edad—, en muchos casos no alcanza. El proyecto del Gobierno buscará zanjar esta discusión de forma definitiva.
Delitos sexuales y la discusión que trasciende el caso Ilarraz
El fallo de la Corte Suprema también abrió una discusión jurídica sobre el modo en que el sistema judicial trata los delitos sexuales históricos. Mientras tribunales inferiores habían equiparado estos abusos a violaciones graves a los derechos humanos, el máximo tribunal rechazó esa interpretación y consideró que no pueden ser tratados como crímenes de lesa humanidad.
En ese contexto, el Gobierno tomó posición: considera que la respuesta debe ser legislativa, para evitar nuevas absoluciones con este argumento.
Con este anuncio, la administración de Javier Milei busca avanzar en una reforma del Código Penal que refuerce la tutela judicial efectiva de las víctimas y evite que los abusadores se amparen en tecnicismos o en los plazos legales para evitar el juicio.
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