Uno de los datos que encendió las alarmas judiciales fue que, durante la gestión de Fernández, Rodríguez vivía en la Quinta de Olivos, pero también tenía acceso a una vivienda en Martínez, registrada a nombre de Martínez Sosa. Este vínculo inmobiliario entre ambos abrió nuevas hipótesis dentro del expediente.
La causa Seguros, el inicio de todo
La investigación original gira en torno al decreto 823/2021, firmado por Alberto Fernández, que obligó a todos los organismos estatales a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., una subsidiaria del Banco Nación. Esa medida, ya derogada por el gobierno de Javier Milei, benefició a un pequeño grupo de brokers que cobraron comisiones como intermediarios. Entre ellos aparece Martínez Sosa, amigo personal del expresidente.
En total, 39 personas ya fueron indagadas y la Justicia trabaja para definir si hay mérito suficiente para procesarlas. Entre ellas figuran Fernández, Martínez Sosa, su esposa María Cantero, y ejecutivos de varias firmas vinculadas al negocio asegurador estatal.
Qué busca la Justicia
Desde que asumió el control del caso en febrero, el juez Casanello pidió a ARCA que trace el mapa completo de las relaciones entre Daniel Rodríguez, Fernández, Martínez Sosa, Cantero y la empresa Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A.. El objetivo es entender cómo se tejieron los vínculos personales, económicos y contractuales entre ellos.
Paralelamente, el juez ya ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y de una larga lista de acusados: exfuncionarios, brokers y firmas intermediarias. En total, 51 personas físicas y jurídicas quedaron alcanzadas por esa medida cautelar.
La defensa del expresidente
Por su parte, Alberto Fernández declaró por escrito, evitó responder preguntas y rechazó todas las acusaciones. Aseguró que el decreto en cuestión fue una decisión de gestión para beneficiar al Estado: “En lugar de pagarle a aseguradoras privadas, se destinaban fondos a una empresa estatal que fortalecía el Banco Nación”, explicó.
Sin embargo, la Justicia ahora busca establecer si, más allá de lo administrativo, existió un entramado paralelo de favores, comisiones y nombres prestados que se habría tejido en el entorno más íntimo del expresidente.
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