La realidad también es que la oposición pone en duda las buenas intenciones del Gobierno, y que este proyecto no se trata de un recorte por temas fiscales, sino más bien una estrategia del Frente de Todos para poder ocupar posteriormente, las vacantes que necesitan en las Justicia para "gobernar más tranquilos".
Uno de los diputados nacionales que planteó la cláusula fue Pablo Tonelli (Pro), quien planteó la necesidad de incorporar la cláusula transitoria "que asegure de manera real, concreta y efectiva, que quienes hoy están en condiciones de jubilarse van a poder hacerlo con este régimen en el futuro si es que permanecen en el Poder Judicial".
Otro de los que se expresó respecto a la cláusula, fue el diputado Cristian Ritondo, que alegó:
"Decir que eso -terminar con las jubilaciones de privilegio- es por un tema fiscal es imposible, porque la verdad que de la otra forma van a tener que pagar la misma jubilación que tienen hoy y va a tener que pagar un sueldo porque lo va a reemplazar un juez, o sea, va a tener que pagar doble", detalló Ritondo.
Al mismo tiempo, alegó que la oposición -y cuando eran Gobierno- siempre estuvieron dispuestos a acabar con los privilegios: "Queremos terminar con los privilegios, estamos de acuerdo, pero si lo que necesitamos son 280 vacantes en el poder judicial me parece que no", sentenció.
Lo mismo hizo el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien mostró su preocupación "por el hostigamiento al poder judicial".
"Esto se da en un contexto de atropello y hostigamiento del poder judicial, por ejemplo, la eliminación de testigos protegidos, la eliminación de prisiones preventivas y ciertas cuestiones con la libertad de expresión", dijo Ferraro.
Y agregó: "son cuestiones a las que nosotros nos oponemos y si hay contradicciones en este tema, serán los del Frente de Todos los que tendrán que responder al respecto", sentenció.
Ferraro también advirtió que desde la oposición aseguraron que pidieron información "para saber de cuántos jueces, magistrados y fiscales estarían en condiciones de jubilarse".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, advirtió hoy 26/02, durante su intervención en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que el proyecto sobre jubilaciones de jueces "genera una inseguridad jurídica enorme", y advirtió sobre la cantidad de vacantes que podrían producirse si avanza la ley.
En ese sentido, Gallo Tagle advirtió que "es muy probable que las renuncias en el Poder Judicial sean numerosas" con esta ley y lamentó que "hay mucha gente valiosa, honesta e idónea que se está retirando del Poder Judicial".
"Muchos jueces ejercen en dos juzgados porque hoy por hoy hay un 25% de vacantes que no son cubiertas, lo cual genera que haya menos aportes al sistema... Es posible que ese 25% de vacantes que hoy existen se dupliquen si se sanciona la ley", sentenció.
- Qué cambios tuvo el proyecto enviado:
Se eliminó del proyecto el requisito que establecía que para acceder a la jubilación especial, los jueces debían haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.
Se estableció que la edad jubilatoria de las mujeres del Poder Judicial se mantendrá en 60 años, es decir, no se llevará a 65 años como en los hombres.
En el caso de los hombres, como indicaba la redacción original, la edad subirá de manera gradual, siendo de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.
Se aclaró que los beneficios otorgados a partir de la entrada en vigencia de la ley serán del 82% sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones.
El trámite jubilatorio de jueces deberá iniciarse como en cualquier otro régimen general y no en el Poder Judicial.
