El proceso de extinción de dominio rige en Mendoza por ley desde abril de 2019, y permite al Estado recuperar bienes aunque no estén terminadas las causas penales. Fue un proyecto enviado por el ex gobernador Alfredo Cornejo, para rescatar bienes adquiridos con dinero de la corrupción, entre otros delitos.
En esa línea, la Justicia Civil resolvió que tres inmuebles que pertenecieron al ex intendente peronista de Guaymallén y a la ex esposa, sean rematados públicamente y el dinero que se recaude sea destinado a la Tesorería General de la Provincia de Mendoza.
Los acusados no pudieron justificar cómo accedieron a los fondos que utilizaron para comprar una casa, un departamento y un pasillo comunero situados en los distritos El Sauce y Villa Nueva (En Mendoza).
Para la jueza, al igual que para la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Lobos y Sgró se hicieron de esos bienes, cuya titularidad ostentaban en el 100%, como consecuencia de maniobras de corrupción durante el ejercicio de la función pública en la Municipalidad de Guaymallén.
Según consigna el diario UNO de Mendoza, el dirigente y su mujer ya tenían antecedentes, ya que el escándalo y sospechas de corrupción arrancaron en 2014.
Luego de una intensa investigación, en mayo de 2019 la Justicia Penal condenó a Lobos y Sgró a 4 años y 6 meses de prisión y a 3 años y 4 meses respectivamente. Además, también los inhabilitó a ejercer cargos públicos. Fue por el delito de fraude a la administración pública durante el ejercicio de la función pública en la comuna de Guaymallén. Esta sentencia ha sido apelada en la Suprema Corte de Justicia, que todavía no toma una decisión.
Sin embargo, el ex intendente y su esposa lograron salvar algunos bienes, específicamente unos vehículos: Se trata de un automóvil Peugeot 308, una camioneta VW Amarok y un cuatriciclo de primera marca. Para la jueza, durante el proceso judicial los demandados sí demostraron que accedieron a esos vehículos de manera legal: con el dinero producido por salarios y por la venta de otros rodados.
