Entre sus facultades, Parrilli propuso conocer “si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal".
También abogó por "la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.
Asimismo, señaló que la Comisión “deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias; en definitiva, si han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.
Cabe recordar que el pasado 6 de febrero ingresó por Mesa de Entrada de los Tribunales de Rosario el primer pedido de quiebra de la empresa Vicentín, el principal exportador de aceite y harina de soja de Argentina.
La presentación estuvo a cargo de la firma “Gagliardo Agrícola Ganadera SA”, que pertenece al grupo de la Constructora Obring. A partir de ahora, será el Juzgado Civil y Comercial N° 14, a cargo de Marcelo Qaglia, quien deberá resolver esta situación.
Además, diciembre pasado, Vicentín anunció que enfrentaba una cesación de pagos con sus proveedores debido a un “estrés financiero”. Sus compromisos comerciales adeudados con privados rondan los 350 millones de dólares y con bancos por otros 900 millones de dólares.
A todo esto hay que agregar la deuda de la empresa con el Banco de la Nación Argentina, a partir del otorgamiento de un crédito que superó los 18.300 millones de pesos.
