En ese marco, deberán ofrecer planes especiales a aquellos usuarios que destinen al menos el 30% de sus ingresos disponibles al pago de deudas, un indicador que refleja situaciones de fuerte presión financiera en los hogares.
Solución a deudores
Entre las herramientas previstas, se destaca una condonación mínima del 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados. A eso se suman planes de pago que podrán extenderse hasta 60 meses, con una tasa equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco Central, lo que busca evitar que la deuda siga creciendo de manera desproporcionada.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el alivio inmediato que propone para los deudores en situación crítica. Durante la vigencia de los acuerdos, las entidades deberán suspender embargos, ejecuciones judiciales y reportes negativos en los registros crediticios. La intención es frenar el deterioro de la situación financiera de los afectados y evitar que queden completamente fuera del sistema.
La iniciativa también incorpora obligaciones de transparencia y asistencia. Bancos y proveedores de crédito deberán informar de manera clara y gratuita sobre la existencia del régimen, brindar acompañamiento a los usuarios interesados y comunicar cada acuerdo alcanzado al Banco Central.
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Los argumentos de la propuesta
En los fundamentos del proyecto, Ávila advierte sobre el cambio de naturaleza del endeudamiento en la vida cotidiana. Según plantea, dejó de ser una herramienta para organizar gastos y pasó a convertirse en un factor de vulnerabilidad. En ese sentido, sostiene: “el endeudamiento por consumo dejó de ser, en muchos casos, una herramienta para organizar la vida cotidiana y se transformó en una carga que condiciona decisiones básicas de las familias”.
La senadora pone especial énfasis en el impacto de los intereses acumulados sobre sectores con ingresos deteriorados, como jubilados, trabajadores y jóvenes con antecedentes crediticios negativos. Desde su perspectiva, el problema requiere una respuesta legislativa que contemple tanto la dimensión social como el funcionamiento del sistema financiero.
El régimen tendría una vigencia de dos años desde su entrada en vigor y debería ser reglamentado por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 30 días. Según el texto, la combinación de quitas, plazos extendidos y tasas reguladas apunta a generar un equilibrio entre la protección de los consumidores y la sostenibilidad del sistema.
El objetivo final es claro: reducir la conflictividad judicial, evitar la exclusión financiera y permitir que los hogares recuperen, de manera gradual, su capacidad de consumo en un contexto económico complejo.
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