Priolo fue detenida en agosto de 2016, junto a otros exfuncionarios y 2 empresarios por la compra de insumos para centros de adicciones y hospitales.
Junto a Priolo también fue detenido Hernán Azzari, exintegrante de la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones, y los empresarios Leonardo Paci y Leandro Durand. Paci fue recientemente beneficiado con la excarcelación por pertenecer al grupo de riesgo frente al coronavirus.
Según explicó entonces el fiscal Jorge Paolini, el fraude -que comenzó a investigarse en 2011- consistía en la sustracción de medicamentos oncológicos a IOMA -la obra social de la Provincia- a través de documentos apócrifos y -en muchos casos- de la identidad de pacientes muertos. Luego, los remedios eran revendidos, ya que tienen gran valor en el mercado.
"Se descubrió que estas sustancias, que deberían haber ido a parar a las manos de personas que sufrían este tipo de patología estaban siendo manejadas por una organización que se presume estaba compuesta por funcionarios públicos y particulares", dijo Paolini, titular de la Fiscalía Especial de Delitos Complejos.
La causa fue elevada a juicio oral en 2017. Sin embargo, Priolo no se encontraba entre los procesados incluidos en el requerimiento del fiscal. Entre los imputados están 3 exaltos funcionarios de IOMA, proveedores del Estado, farmacéuticos y visitadores médicos, informó en su momento la agencia Télam.
Priolo, por su parte, quedó involucrada en otra causa en la que el principal imputado es Scioli. Por este caso, el gobernador fue indagado bajo la acusación de haber adjudicado de manera irregular 9 obras públicas por $117 millones para construir Unidades de Pronta Atención (UPA) en la provincia a un empresario.
El fiscal Álvaro Garganta considero que Scioli recibía "dádivas", y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
El fiscal sostuvo que entre los años 2011 y 2015, el entonces ministro Collia, influido por Scioli, adjudicó de manera irregular la realización de las obras. Además sostiene que tanto Scioli como Collia influyeron en Gerardo Daniel Pérez (Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud) para que adjudicara de manera irregular la construcción de cuatro UPA por más de $71 millones. Y que de igual manera tanto Priolo como Matías Alcalde, director de Contabilidad, fueron influidos por ambos funcionarios para la adjudicación de dos obras más, ambas por más de $1,2 millones , consistentes en la ampliación de 2 UPA. Los imputados fueron procesados.
