La comisión que propone Carrizo estaría compuesta por 15 diputados designados según la proporción de los bloques, con funciones vinculadas a la evaluación de conductas, la elaboración de recomendaciones de sanción y la generación de pautas de comportamiento parlamentario.
Diputados con ética: un gesto a la ciudadanía
Aunque la iniciativa se presenta tras un episodio de tensión extrema en el recinto, Carrizo aclara que el proyecto va más allá de los hechos puntuales. “No se trata de perseguir a nadie, sino de proteger el funcionamiento institucional y preservar un marco de respeto que esté a la altura del rol que ocupamos”, explicó.
En los fundamentos, la diputada advierte que, a más de 40 años de democracia, no puede seguir naturalizándose la violencia política ni el agravio personal como parte del debate. “Las cámaras legislativas no pueden mirar para otro lado frente a estos episodios. Hacen daño a la institución, y también a la confianza ciudadana”, señaló.
Hay proyectos similares
La iniciativa retoma proyectos anteriores que no lograron avanzar, como el que había impulsado en 2022 la exdiputada Dolores Martínez. Además, pone sobre la mesa un viejo reclamo de organismos de transparencia y asociaciones civiles: la necesidad de un marco claro para evaluar la conducta de quienes ocupan cargos públicos.
Ahora, el desafío será lograr consenso en un Congreso marcado por la polarización. La pregunta de fondo es si el sistema político está dispuesto a controlarse a sí mismo o si seguirá tolerando —y normalizando— actitudes que, en cualquier otro ámbito laboral, serían motivo de sanción.
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