En ese sentido, advirtieron que "también está claro que debe darse una solución a la crítica situación que atraviesa la empresa Vicentin, garantizando la continuidad de las actividades, la capacidad productiva y las fuentes de trabajo".
Los dirigentes sugirieron "desandar el camino de la intervención y expropiación, hacia una cooperativa con actores del sector".
De ese modo, propusieron que el Estado Nacional debería, a través del Banco de la Nación Argentina como principal acreedor, solicitar al juez del Concurso que se tomen medidas para salvaguardar la producción, trabajo y comercialización, con el objetivo de constituir una cooperativa que se haga cargo de los negocios del grupo "de manera eficaz y transparente".
"Los empresarios deberán asumir sus responsabilidades y el Gobierno debe investigar los créditos que le fueron otorgados en los últimos años, para determinar si se han vulnerado normas y se ha perjudicado al Estado", afirmaron.
Asimismo, manifestaron que con el decreto "el Gobierno desconoce normas que impiden esas medidas, afecta los intereses de la comunidad local y contradice en los hechos la necesidad de construir consensos y equilibrios que tantas veces pregona, para abordar los problemas y encontrar soluciones para el bien de la Nación".
"Es necesario volver atrás, dialogar y elegir un mejor camino", advirtieron y expresaron: "nosotros proponemos incursionar en la cultura del cooperativismo para una gestión más humana, equitativa y solidaria en la producción y distribución de bienes y recursos".
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