Al final del encuentro, el senador radical Ernesto Sanz fustigó: "Ocultan toda la información acerca de quién es el verdadero dueño". Sin embargo, el kirchnerista Aníbal Fernández desmintió que la expropiación tenga algo que ver con la causa judicial que investiga irregularidades en torno a la imprenta y que incluye una acusación contra el vicepresidente Amado Boudou por presunto enriquecimiento ilícito.
"No se puede detener esas causas, queremos que se dilucide quiénes son los responsables y los culpables", argumentó al finalizar el plenario de comisiones.
Los radicales cuestionaron el “debate express”, según Gerardo Morales, y ratificaron su rechazo a la iniciativa por desconocer a los verdaderos dueños de la empresa. “Algo fundamental”, como lo señaló Sanz.
Los senadores Juez y Romero fueron criticados por la oposición, según informa Semanario Parlamentario, por acompañar al proyecto oficial, ya que habían presentado con anterioridad iniciativas de características similares. “Pensar que existe una complicidad con el Gobierno me parece de muy mal gusto”, los defendió Miguel Ángel Pichetto, para luego agradecerles sus aportes.
El proyecto girado al Congreso Nacional el último martes establece declarar "de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores Sudamericana" e indica que actuará como expropiante "el organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo".
Ayer, el Ministerio de Economía difundió un comunicado de prensa en el que informó que el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1338/12 "mediante el cual se dispone la intervención" de la ex Ciccone, que hasta ayer operaba como Compañía de Valores Sudamericana S.A. La intervención quedó a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y de la presidente de la Casa de la Moneda, Katya Daura (ver nota relacionada).
