Además, queda establecido que “los derechos y garantías reconocidos a las Personas por las leyes o las prácticas administrativas de la Parte requerida seguirán siendo aplicables”, y que “la Parte requerida no está obligada a brindar información que no esté en poder de sus autoridades ni en poder o control de personas que se encuentren dentro de su territorio”.
Por otra parte, el texto deja en claro que “toda información brindada y recibida por las autoridades competentes de las Partes tendrá carácter confidencial, en iguales condiciones que la información obtenida sobre la base de su legislación interna o conforme a las condiciones de confidencialidad aplicables en la jurisdicción de la Parte que la suministra si estas últimas son más restrictivas, y podrá revelarse sólo a personas o autoridades judiciales o administrativas encargadas de la recaudación de los impuestos”.
El pacto tributario permitirá al gobierno argentino acceder a información financiera de decenas de miles de ahorristas argentinos en los bancos uruguayos.
El acuerdo, que se espera que sea aprobado por los congresos de ambos países a mediados de año, se da en momentos en que la administración de la presidente Cristina Fernández mantiene rígidos controles cambiarios para frenar una fuga de capitales.
La posibilidad de cada país de acceder a datos tributarios de su vecino se limitará solo a la información generada con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo, pese a la solicitud de Argentina de poder obtener información con carácter retroactivo.
Uruguay es desde hace décadas un refugio para los ahorristas argentinos debido a su secreto bancario. Inversores de nuestro país también tienen fuerte presencia en los mercados agrícolas y de bienes raíces uruguayos.
Para el caso del secreto bancario, solo la Justicia uruguaya puede ordenar su levantamiento tras la solicitud de la oficina impositiva local, para lo que debe presentar los fundamentos de presunción de evasión correspondientes.
A finales del año pasado, ahorristas argentinos mantenían depositados casi US$2.300 millones en bancos uruguayos, según cifras del Banco Central de Uruguay citadas por la agencia Reuters.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había buscado durante años un acuerdo tributario con Uruguay para detectar casos de evasión impositiva. Uruguay se vio obligado recientemente a firmar varios acuerdos sobre intercambio de información tributaria y reformar su ley de secreto bancario para salir de la "lista gris" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
La OCDE había acusado al gobierno uruguayo de ser poco transparente en el combate de la evasión fiscal.
