La empresa británica encabezó el consorcio integrado por ex asesores de Transporte que ganaron la licitación para controlar la SUBE, pese a que la consultora internacional PWC realizó una oferta $10 millones más económica por el trabajo.
El concurso público quedó esta semana en la mira de la Justicia en la Argentina, que investiga supuestas irregularidades en la asignación del contrato de $65 millones.
En efecto, este martes un abogado denunció penalmente al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por los supuestos delitos de ‘violación de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y malversación de caudales públicos‘ en la licitación del sistema de boleto electrónico de transporte público SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico).
En cuanto a GI, en Inglaterra despierta misterio. La compañía todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había comenzado: fue inscripta el 22 de junio de 2009 en Companies House, entidad que reporta a la Secretaria de Estado para el Comercio y la Industria británica. Se registró con el domicilio 78 York Street, de Londres, una dirección alquilada por 60 dólares mensuales que funciona como oficina virtual. Con esos mismos datos, la firma inglesa está registrada ante la Inspección General de Justicia de la Argentina.
Meses después, GI informó su cambio de domicilio a Bicester, una localidad inglesa de 29.000 habitantes. Pero en la fachada principal de su dirección funciona una peluquería. En el contrafrente opera un estudio de contadores que se encarga de recibir su correspondencia. Ese es el único contacto británico de la empresa que controla el funcionamiento de la SUBE.
Stephen Chandler, dueño de GI, es el máximo responsable de controlar la SUBE. El consultor británico, que pronuncia pocas palabras en español, cobra US$40.000 mensuales como "jefe de proyecto"; casi 2 millones de dólares por los cuatro años de contrato.
Algunas omisiones llamaron la atención de las autoridades británicas. Chandler registró a GI con "cuenta durmiente" (dormant account). "Ese status sólo se puede utilizar cuando la compañía está literalmente 'durmiente', es decir que no opera para nada o lo hace por montos muy pequeños", explicó al mencionado matutino Neil White, vocero de Companies House. Y señaló que, por sus contratos de $65 millones con la Secretaría de Transporte de la Argentina, quedó "inmediatamente" bajo investigación.
"Ciertamente no entra dentro del criterio de una cuenta durmiente", agregó.
La rapidez de las autoridades británicas está vinculada a que la firma ya se encuentra en infracción por no haber cumplido con la entrega de sus cuentas anuales que deberían haber sido presentadas el 31 de marzo. Hace dos meses, Companies House envió una carta documento alertándola de los costos y riesgos de la demora. Por el momento pagará multas de US$1125; pero puede aumentar hasta los 2250 dólares si no regulariza su situación en los próximos seis meses. Pasado ese plazo, la compañía será retirada del registro, sus bienes confiscados y sus directivos serán pasibles de sufrir sanciones penales que incluyen la prisión.
La empresa británica, que cuenta con un capital formal de 100 libras esterlinas, tampoco dio cuenta aquí de la apertura de sucursales en el exterior. El 15 de octubre de 2010, Global Infraestructure Group fue inscripta en la Argentina. En ese entonces, la licitación para supervisar la SUBE ya estaba en su última etapa.
