Y agregó: "Tampoco discuto la expropiación si se hace siguiendo el procedimiento establecido en la ley, (...) con una tasación independiente por un órgano independiente. Ahora si expropian, tienen que pagar y si no se exponen a serias consecuencias".
"El Banco Mundial ya ha dicho que está considerando que si un país incumple, se le corte la financiación", señaló.
El viaje de Margallo a Brasil ocurre poco después de que la Unión Europea (UE) anunciara que tomará "pronto" represalias contra la Argentina, y de que instara a Brasil a dar el ejemplo "elevando el tono" contra el gobierno de Cristina Fernández.
El pasado lunes 7/05, el comisario de Comercio, Karel De Gucht, advirtió que el bloque pronto dará su "respuesta contra la Argentina", sin dar más detalles sobre cuál será la represalia de la UE tras la decisión del gobierno argentino de expropiar el 51% de acciones en la petrolera YPF.
Y dijo, además, que la UE está "preocupada por la tendencia creciente de proteccionismo en América Latina". Por ello es que anunció: "tomaremos en los próximos días medidas contra Argentina".
Al ser interrogado sobre la posibilidad de que debata con el gobierno de Dilma Rousseff la posibilidad de que la UE llegue a un acuerdo de asociación por separado con los países del Mercosur, dejando de lado a la Argentina, Margallo recordó que "Brasil sabe lo que tiene que hacer".
Pero también recordó que "para hacer un acuerdo de asociación que luego tiene que estar ratificado por el parlamento europeo y los parlamentos nacionales europeos, hay que cumplir con las reglas del juego y es evidente que en este momento Argentina no parece cumplirlas", dijo.
"Ni en el terreno comercial, por eso tiene las quejas de la Organización Mundial del Comercio, ni en materia de inversiones", señaló.
Ese mismo día, el presidente español, Mariano Rajoy, criticó nuevamente a la Argentina por su decisión, y Repsol dio a conocer que demandará al país ante el CIADI (ver nota relacionada).
Los abogados de la firma española ultiman los detalles para poner en marcha cuanto antes la avanzada judicial contra el país para conseguir el pago de unos US$10.500 millones, lo que la compañía ibérica considera como "un precio justo" por la empresa YPF.
