Alberto Fernández fue jefe de Gabinete de Ministros de la Nación desde el 25/03/2003 hasta la derrota gubernamental por la Resolución 125. Conoce a los Kirchner muy de cerca, y su renuncia tuvo más que ver con diferencias personales que, en ese momento, con rencillas políticas. Los argumentos políticos del divorcio fueron posteriores. De todos modos, ese alejamiento se ha profundizado.
"Sería bueno que él dijera por qué todo eso es mentira. La Presidente debería exigirle al señor Boudou que explique cabal y cuidadosamente dónde está la mentira. A este vicepresidente lo eligió ella, no se lo puso (Néstor) Kirchner", indicó el ex funcionario nacional.
En declaraciones a radio La Red, Fernández afirmó que "la frivolidad de Boudou no representa en nada la política que Kirchner quiso imponer".
"Me gustaría que (Boudou) explique qué hay de cierto, pero con precisión, no diciendo que es víctima de una conjura ni diciendo que sus acusadores son parte de un monopolio que desestabiliza. El país no se desestabiliza por Boudou", aseveró.
El ex jefe de Gabinete agregó que "yo quisiera que explique de qué estamos hablando, qué es lo que se dice falsamente, cuál es la imputación maliciosa que se le está haciendo, si conoce o no conoce a esta gente, si tiene esos vínculos que se le atribuyen".
"Quisiera que todo esto ocurra por el bien de todos, para que todos estemos tranquilos y no tuviéramos que estar presenciando que tenemos un vicepresidente acusado", señaló.
La situación judicial de Boudou causa extrema preocupación en Balcarce 50. Internamente, le recriminaron sus contradicciones, como cuando aseguró hace dos semanas que nunca intercedió ante la AFIP para aliviarle la deuda a la ex Ciccone y luego trascendió un expediente que demostró lo contrario.
"Pero la decisión de Cristina es defenderlo. Lo eligió ella: Boudou es hombre de ella", confiaron a La Nación, fuentes oficiales.
Si logra superar la crisis, cerca de la Presidenta indican que ella todavía ve en Boudou un posible candidato para el futuro: pero hablan siempre de postulaciones en la ciudad de Buenos Aires.
El peor fantasma es una citación indagatoria del juez federal Daniel Rafecas, que dirige la causa. O un juicio político en el Congreso, para lo cual, hoy por hoy, la oposición no tiene número.
Los presuntos delitos alrededor de la ex Ciccone que tienen a maltraer al vicepresidente de la Nación, no sólo son investigados por la Justicia sino que también están en la mira de los otros dos poderes del Estado, el Congreso y el Ejecutivo, y hasta en los ojos de un llamado extrapoder, la Procuración General de la Nación (PGN).
En efecto, el derrotero del concurso de acreedores de Ciccone, su quiebra y el posterior levantamiento en la Justicia en lo Comercial interesaron no sólo a la Justicia penal sino también a legisladores opositores, la Oficina Anticorrupción (OA) -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que a su vez responde al Ejecutivo, es decir la presidenta de la Nación, Cristina Fernández- y a la Unidad Fiscal de Investigación Tributaria y Contrabando (UFITCO), que reporta a la PGN.
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Así se desprende del cotejo de las intervenciones que esos organismos estatales tuvieron en el expediente judicial del concurso-quiebra-concurso de la ex Ciccone. Por ejemplo, el fiscal federal Carlos Rívolo obtuvo copia del expediente en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y la semana pasada volvió a pedir información del caso.
La Oficina Anticorrupción, un organismo de escaso protagonismo público durante los gobiernos K, abrió una investigación preliminar cuyo avance se desconoce. Se trata de la carpeta 10.644, según el oficio enviado al juzgado donde tramitó la quiebra de Ciccone y donde aún tramita su concurso de acreedores.
La investigación de la Oficina Aanticorrupción sumó la denuncia de la diputada Patricia Bullrich, quien reclamó conocer en ese organismo el avance de la pesquisa y como respuesta obtuvo que se trata de algo reservado. "Nos dijeron que es un trámite que está sustanciándose y que no nos podían abrir el expediente", expresó.
La legisladora amplió sus inquietudes por escrito y aseguró que si en dos semanas más no recibe respuesta iniciará una acción de amparo ante la Justicia.
La Oficina Anticorrupción pidió fotocopiar partes muy específicas del expediente comercial. Estas están relacionadas con el trámite que dio la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al pedido de Ciccone de acogerse a un plan de pagos especial, la negativa inicial del organismo, su original pedido de quiebra y el posterior avenimiento al levantamiento de la misma luego de que aparecieran los misteriosos fondos de "The Old Fund".
En lo que respecta a la Unidad Fiscal de Investigación Tributaria y Contrabando (UFITCO), este organismo que depende del procurador general de la Nación, Esteban Righi, se interesó en la quiebra de Ciccone ya en mayo del año pasado.
A cargo entonces del actual juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky, la UFITCO le pidió al juez Javier Cosentino copia de la quiebra y de un expediente paralelo, el mismo por el que este año pidió informes la OA.
En este caso se trata también de una "investigación preliminar" que lleva por número el 0382/11 (Asunto N° 970-T-11) y caratulado "Ciccone Calcográfica S.A. y otros sobre posible infracción a la Ley 24.769", es decir la ley penal tributaria.
En el plano legislativo, 7 diputados opositores pidieron el juicio político de Boudou y otros solicitaron informes al Ejecutivo. Los primeros fueron hace casi dos años, de parte Margarita Stolbizer y Gerardo Milman, del Frente Amplio Progresista (FAP).
