La norma fue aprobada por el Senado de la Nación, el pasado 29 de junio de 2011 y establece que reciban un monto de $ 901.000 en el caso de muerte, de $ 630.827 por heridos gravísimos y $ 540.709 para los graves, lo que demandará al estado un gasto total de $ 162 millones.
La ley aprobada por unanimidad de 41 votos establece que esos montos surgen de un cálculo equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobada por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) modificado por los Decretos Nros. 875/05 y 679/06, y sus modificatorios, por el coeficiente CIEN (100)". La remunearación actual es promedio de $ 9.010. Este monto multiplicado por el coeficiente 100. Da la suma de $ 901.000
El artículo cuarto de la ley 26.690 dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será "la autoridad de aplicación de ésta y que las solicitudes para acogerse al beneficio que ella reconoce deberán efectuarse, bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los 180 días de la fecha de entrada en vigencia de la presente reglamentación".
Los familiares de personas fallecidas que quieran cobrar indemnización deberán acreditar la muerte mediante acta de defunción, documentación obrante en expedientes judiciales o administrativos o informes o constancias emanadas de organismos oficiales.
En tanto, se entienden por lesiones graves o gravísimas a las previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal, respectivamente.
A los efectos de acreditar que dichas lesiones se produjeron como consecuencia del atentado deberán requerir como medios de prueba la historia clínica del lugar donde hubiese sido atendida la víctima en ocasión del ataque a la sede diplomática y copia de la sentencia judicial que las haya tenido por acreditadas.
También, en caso de ser necesario debe disponerse la realización de una junta médica, a cuyo fin se faculta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a celebrar convenios con hospitales pertenecientes al ámbito nacional, provincial, municipal o del Gobierno porteño.
La ley 26.690, establece que si existieren acciones judiciales contra el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo de solicitar el resarcimiento económico que la misma establece, quienes pretendan acogerse al mismo deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por el mismo hecho.
En el supuesto de que los beneficiarios o sus herederos hubiesen percibido algún otro subsidios acordados por el Poder Ejecutivo nacional, los montos percibidos deberán deducirse del total que les corresponda como resarcimiento económico.
Los beneficiarios o herederos que hubieren obtenido y percibido por sentencia judicial una indemnización inferior al resarcimiento que deberían percibir conforme la presente ley tendrán derecho a reclamar la diferencia a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere superior, no podrán acceder al resarcimiento económico que aquí se establece.
El resarcimiento económico obtenido por esta iniciativa es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios promovida contra el Estado nacional.
