La decisión refleja, a nuestro juicio, una interpretación errónea del marco legal al confundir al Estado con las víctimas y sus familiares y pasar por alto el evidente conflicto de intereses que existe entre ambas partes. No ignoramos que el fallo no impide que los funcionarios del gobierno nacional que innegablemente son responsables del estado ruinoso de nuestro sistema ferroviario, puedan ser imputados en el futuro. No obstante, entendemos que otorgar facultades para incidir en el rumbo de la investigación a quienes seguramente terminarán rindiendo cuentas por su desempeño funcional, ha sido una decisión desafortunada que, aunque no genera un perjuicio irreparable, podría comprometer el correcto desarrollo de la investigación