Es una incógnita si el vicepresidente se referirá al caso de Ciccone, que lo tiene como uno de sus protagonistas. Hasta el momento ha mantenido un silencio sepulcral sobre el tema. Ni siquiera para desmetir su presunta vinculación.
La investigación
El jueves (23/2) el fiscal Rívolo emitió una resolución para imputar a personas involucradas con el caso por los delitos de "lavado de dinero" y de "negocios incompatibles" con la función pública. Rívolo pidió informes a entidades estatales sobre las gestiones realizadas por empresarios ligados al vicepresidente para controlar la mayor imprenta de la Argentina, la ex Ciccone Calcográfica, habilitada para imprimir documentos y papel moneda.
Rívolo dio de esa manera el impulso formal a una causa penal iniciada a partir de investigaciones periodísticas, que revelaron el vínculo entre Boudou y los empresarios que adquirieron la quebrada Ciccone con el objetivo y la semicerteza de acceder a un negocio de US$50 millones, a partir de la impresión de billetes de $100.
La investigación de la causa, del juzgado de Daniel Rafecas, fue delegada al fiscal, que dispuso las primeras medidas. "Lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función publica es la calificación tentativa a la luz de los hechos relatados en el expediente", escribió Rívolo al ordenar las medidas de prueba.
Esto es así, según dijeron fuentes judiciales al diario
La Nación, porque se trata de determinar si el vicepresidente se interesó en la definición del levantamiento de la quiebra de Ciccone y en establecer de dónde salieron los fondos para hacerlo, pues en principio fueron aportados por personas que no tendrían la capacidad económica para eso.
También envió un oficio al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde le pide antecedentes del expediente mediante el cual se le restituyó a la ex Ciccone la planta impresora que estaba alquilada por un año a la firma Boldt, a pesar de que el juez de la quiebra había autorizado este alquiler. Y además pidió datos a la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (Ufitco) de sus investigaciones por evasión sobre Ciccone.
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La sombra de Oyarbide
Mientras tanto, el juez federal
Norberto Oyarbide, que cerró varias causas que complicaban al kirchnerismo, tuvo un repentino interés por el caso .
Según informa el diario Clarín, esta semana, de modo sorpresivo, y en medio del impacto político y mediático que desató el “caso Ciccone”, Oyarbide recordó que en su juzgado había un denuncia sobre el tema . Fue presentada en diciembre.
Según informa el matutino, el magistrado sacó de archivo dicha denuncia y ahora intenta ponerla en marcha, por lo que podría entonces adueñarse de la investigación judicial sobre Ciccone.
Fuentes de tribunales citadas por Clarín adelantaron que habrá una disputa para ver cuál de los magistrados tendrá potestad sobre el “caso Ciccone”. La causa sobre Ciccone que hasta ahora había “dormido” en lo de Oyarbide fue presentada en diciembre por un particular llamado Jorge Pacífico.
Clarín informó en noviembre pasado que Pacífico había presentado una denuncia sobre el tema en la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando (UFITCO). El documento solicitaba medidas preliminares de prueba para determinar si los nuevos dueños de la ex Ciccone habían cometido el delito de evasión agravada y lavado de activos .
Pacífico escribió que The Old Fund, la sociedad que controla hoy la imprenta, y que tiene como director al monotributista Alejandro Vandenbroele, “resultar ser una pantalla de la familia Ciccone y de una ‘persona políticamente expuesta’ (textual la palabra utilizada en una charla informal que escuché), alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida”. El denunciante aclaró a la UFTICO que había tomado conocimiento de posibles delitos “de acción pública, por una conversación y a lo que surge de internet: Google”.
Pacífico no menciona en su escrito a Boudou con nombre y apellido. Su denuncia es además por “evasión agravada y lavado de activos”, mientras que la que lleva adelante Rívolo investiga si el vicepresidente cometió “violación de los deberes de funcionario público”.
