Ellos son:
> el comandante general Jorge William Nieto (Dirección General de Personal),
> el comandante general Jorge Javier Cabral (Operaciones) y
> el comandante general Daniel Darío Pérez (Apoyo).
Además, se pasó a retiro a los oficiales que conducían el Servicio de Administración Financiera de la institución, encabezado por el comandante mayor Oscar Guidone.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, había ordenado intervenir Gendarmería, luego de que Schenone reconociera la existencia del Proyecto X de espionaje.
Por este motivo, es complicada su continuidad como jefe de la fuerza y se especula con que sea reemplazado por el subdirector Sainz.
En ese caso, también se debería pensar en un sustituto para ocupar la Subdirección, algo que no sería difícil al quedar ya definidos los ascensos y pases a retiro en la plana mayor. En ese aspecto, ascendieron 6 nuevos comandantes generales, que se sumarán a los que ya tenía la fuerza.
Las modificaciones fueron oficializadas luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmara la autorización.
Por su parte, en la Policía Federal no hubo pases a retiro de personal en el máximo escalafón correspondiente a comisario general, pero en Prefectura pasaron a retiro 2 prefectos generales.
En tanto, en el siguiente rango se dio de baja a 3 comisarios mayores de la PFA, 10 comandantes mayores de la Gendarmería y 4 prefectos mayores de la Prefectura Naval. En lo que respecta a la jerarquía inmediata inferior se pasó a retiro a 24 comisarios inspectores de la Federal.
En cambio, como contrapartida, ascendieron 12 comisarios inspectores a comisarios mayores de la PFA, incluyendo a la primera mujer que llegó a esa jerarquía (Mabel Franco), y 34 comisarios a comisarios inspectores, consolidando un proceso de renovación generacional en la fuerza.
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Además, en Gendarmería ascendieron también 38 comandantes principales a comandantes mayores, mientras que en Prefectura Naval se aprobó el ascenso de tres prefectos mayores a generales, dos prefectos principales a prefectos mayores y 24 prefectos a prefectos principales.
El Ministerio de Seguridad precisó que el proceso de selección, que se inició en septiembre del año pasado, implicó que por primera vez autoridades políticas de la cartera que encabeza Garré participaran como observadores de los procesos de las juntas de calificaciones que realizaron cada una de las fuerzas. Esto permitió evaluar los procesos y los criterios aplicados por cada una de las instituciones.
Luego de las propuestas enviadas por cada una de las fuerzas, se procedió a un análisis de sus legajos, antecedentes profesionales, denuncias judiciales donde estas existieran y no se ascendió a ningún oficial procesado en una causa judicial. Asimismo, en los casos de grados superiores se revisaron las declaraciones juradas presentadas durante los últimos 10 años para chequear que estuvieran justificados sus patrimonios.
"(...) En su respuesta a Oyarbide, el Director Nacional, Héctor Schenone, reveló que poseía tres bases de datos:
- SAG (Sistema de Antecedentes de Gendarmería), que permite la consulta on line de “antecedentes de personas, armas y vehículos” sobre los cuales la justicia haya dictado medidas cautelares, y sus movimientos en las fronteras.
- SGO (Sistema de Gestión Operativa), en el que se registran todos los procedimientos policiales y judiciales realizados por la Gendarmería.
- Proyecto X, definido como “herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, así como en apoyo informativo a Unidades Operativas de Investigaciones Judiciales e Inteligencia criminal”. Incluye las propias actuaciones sobre lavado de activos de origen delictivo, para responder a jueces y fiscales que piden identificar lugares, vehículos y personas.(...)
Schenone (N. de la R.: Héctor Bernabé Schenone - Director Nacional de Gendarmería Nacional) menciona la ley de Inteligencia Nacional, pero no parece advertir que sólo permite a las fuerzas de seguridad realizar tareas dirigidas a esclarecer ilícitos y es taxativa al prohibirles la búsqueda de información, la producción de inteligencia o el almacenamiento de datos sobre personas por su opinión política o por “su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, como es el caso. (...)
Uno de los informes menciona a Hermosilla (N. de la R.: Darío Javier Hermosilla, delegado gremial de la empresa Kraft y uno de los que acusaron en la Justicia a la Gendarmería Nacional por presunto espionaje ilegal), y al delegado Ramón Bogado como “responsables de las acciones directas”, dice que también produjeron “intimidación del resto de los empleados” (que no describe), “rotura de instalaciones, resistencia a la autoridad”.
Para derivar al terreno de la penalización un conflicto que reconoce como laboral sostiene que, con los cortes, “los referentes que apoyan al sector de despedidos” habrían “puesto en riesgo la integridad física tanto de los manifestantes como de terceros”.
También identifica a los centros de estudiantes que cortaron la avenida Córdoba frente a la Facultad de Ciencias Económicas porteña y prevé en qué lugares podrían realizarse nuevos cortes.
En el terreno, casi sin excepciones, los responsables de Gendarmería negocian la apertura de un carril para permitir el tránsito, o la extensión temporal de la obstrucción, y todo termina sin golpes ni detenidos. Pero detrás vienen los jueces.
Una de las actas de procedimiento, manuscrita en Pablo Nogués en agosto del año pasado, indica que 50 manifestantes cortaron la ruta 8, “en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales” y la reincorporación de 30 despedidos, de la fábrica Autobat.
El delegado, a quien Gendarmería menciona como “ciudadano Mendoza, José” informó que levantarían la medida “una vez que realicen denuncia pública de la situación ante medios televisivos”, lo cual delimita con precisión la pacífica lógica del método.
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Pero en noviembre, la jueza Arroyo Salgado usó esa Acta para abrir una causa contra Mendoza y en forma explícita requirió a Gendamería “la realización de tareas de Inteligencia por el término de cinco días”, tendientes a identificar a otros participantes en el corte, cuyos nombres y apodos presuntos menciona.
Lo que los dirigentes gremiales y políticos denuncian es el uso posterior de los datos recogidos en esos procedimientos para procesar a sus participantes, es decir, criminalizar un reclamo legítimo.
A partir de esa lista de nombres, Gendarmería los cruzó con el padrón electoral y distintas bases de datos de acceso público, para conocer sus domicilios y lugares de trabajo.
Luego envió personal a realizar entrevistas “en forma encubierta” o realizó constataciones telefónicas “bajo técnicas de entrevistas encubiertas y una cobertura de información”.
La defensa de Schenone de que sólo actuaron por indicación judicial es menos sólida de lo que parece. Por más que la firme un juez, la orden de hacer Inteligencia sobre trabajadores en huelga o movilización es ilegal.
Protocolos
Mientras el ex ministro Aníbal Fernández negaba la existencia del Protocolo X (que se puso en funcionamiento durante su gestión, en 2005) Garré revisó con el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Miguel Angel Bermejo, el cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas.
El ministerio estableció “Criterios Mínimos de Actuación”, a los cuales adhirieron ya 19 de las 24 jurisdicciones del país (faltan la Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Corrientes).
Del primer encuentro del Consejo, en marzo de 2011, en el que se marcó “el respeto y la protección de los derechos” de los manifestantes, participó la entonces presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Griselda Baldata, de la Coalición Cívica-ARI, integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática.
El Protocolo procura resolver los conflictos sin daños “para la integridad física de las personas” ya estén involucradas o no en la manifestación.
Con ese objeto, prohíbe la portación de armas de fuego al personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes. Las postas de goma sólo son admitidas con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de cualquiera de las partes presentes. Todo el personal de seguridad debe lucir una identificación clara que se advierta a simple vista y respetar en cada etapa del operativo la Ley de Inteligencia Nacional. El Ministerio está impulsando estos lineamientos en todo el país, con cursos de capacitación para los cuerpos provinciales.
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Antes de que concluya la auditoría, parece evidente la contradicción entre esta línea central de trabajo y los procedimientos con anuencia judicial que ha estado realizando la Gendarmería. Es tan desatinado pretender que el espionaje se produjo por orden de Garré o de la presidente CFK, como disimular su gravedad.
Los pasos fundamentales dados desde 2003 para controlar el uso de la fuerza y la actuación policial en manifestaciones públicas deberían complementarse con una política explícita de no criminalización por vía judicial de los activistas sociales y la misma voluntad política que el gobierno ha mostrado para fijar pautas a las provincias petroleras y mineras, puede aplicarse para impedir que las fuerzas provinciales continúen respondiendo con violencia a reclamos por la tierra, la vivienda, los derechos de comunidades nativas o las protestas ambientales.
La auditoría del Proyecto X puede ser un nuevo punto de partida."
