A la vez, en los tribunales de San Martín se tramita la causa federal por los cortes de la Panamericana. Es esta investigación la que se apoyó en información aportada por efectivos de Gendarmería que reconocieron en la causa haberse infiltrado en los piquetes.
Por la denuncia de espionaje, se abre otra causa federal.
En este expediente –a partir de un informe brindado por la Gendarmería Nacional- aparece la existencia de un listado propio de la fuerza llamado "Proyecto X" que les permitiría cruzar información: organizaciones, datos personales, hábitos, formación, recursos financieros y propiedades de los investigados.
La abogada denunciante Miriam Bregman, explicó que algunos colegas laboralistas empezaron a sospechar: "Nos llueven los procesos judiciales. Todas nacen a partir de informes secretos de la Gendarmería, que tiene listas negras".
Bregman relató cómo recaban la información: "Hay infiltrados en las marchas: se presentan como prensa independiente, pero no dicen de qué medio. Esto es la criminalización de la protesta social."
Para los abogados de derechos humanos, la existencia de este tipo espionaje y la existencia de una base de datos es ilegal e inconstitucional. "La Gendarmería no puede orientar una investigación", aseguró Bregman.
De acuerdo a la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman, tras la denuncia, Gendarmería Nacional reconoció ante la Justicia Federal la existencia de una base de datos ilegal sobre dirigentes gremiales, sociales, estudiantiles, organismos de derechos humanos y políticos.
Según indicó, el propio comandante general de la Gendarmería, Héctor Schenone, señaló en un escrito dirigido al juez federal Norberto Oyarbide que existe "una base de datos que se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, como en apoyo informativo a Unidades Operativas".
De acuerdo con la denuncia, los gendarmes espiaron a los dirigentes del conflicto en la empresa Kraft y obtuvieron información de las reuniones de conciliación en el Ministerio de Trabajo, antes que el propio Ministerio, entre otros datos. Además, efectivos de la fuerza se mezclaron en una marcha en repudio al asesinato del militante Mariano Ferreyra.
Según declararon efectivos de Gendarmería ante la Justicia, el cruzamiento de datos se hacía bajó la órbita del llamado "Proyecto X". Los organismos denunciantes aseguraron que las actividades de la Gendarmería en este caso violan la ley de Seguridad Interior y el derecho a la intimidad de las personas.
Partidos políticos, agrupaciones gremiales, sociales y de derechos humanos compartieron una movilización en rechazo a la denominada ley antiterrorista, en momentos en que distintos legisladores de la oposición presentaron un proyecto para reclamar su derogación.
En medio de las altas temperaturas que dominaron la Ciudad de Buenos Aires, integrantes de las distintas organizaciones expresaron su repudio a la norma sancionada a fines del año pasado y en un documento consensuado repudiaron "la criminalización de la protesta social".
La marcha fue encabezada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que encabeza Pablo Micheli; Proyecto Sur; la Coalición Cívica; el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Partido Obrero; la Federación Universitaria de Buenos Aires; Libres del Sur; Izquierda Socialista; el Partido Comunista Revolucionario y la Asociación por los Derechos Humanos de La Plata.
