La estrategia de la Provincia para menguar los efectos de los piquetes es ir tras sus organizadores. Por supuesto, las autoridades no pretenden complicar a los asistentes que, por caso, asisten de a miles haciendo imposible la tarea de identificación.
En el caso de los líderes piqueteros, la tarea es más sencilla. Dentro de las mismas marchas, la Policía infiltró agentes de civil que pudieron reconocer a los líderes como presuntos responsables de los delitos mencionados.
"Ya no se está ejerciendo una petición o expresando una idea u opinión sino, más bien, cometiendo un ilícito penal", supo expresar el magistrado Juan Manuel Fernández, quien aceptó el recurso de amparo presentado por los vecinos del Centro de Córdoba. No obstante, el Juez destacó que el castigo penal no disipará completamente los piquetes dada la situación social y económica reinante.
Por supuesto, las agrupaciones sociales no tardaron en responder las imputaciones de sus dirigentes con acusaciones de persecución política. Una reacción esperable pero no tan dañina como hincar más aún el nervio de los vecinos cordobeses.
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