Un proyecto enviado por el Ejecutivo en diciembre del año pasado finalmente será tratado esta semana en el Congreso Nacional: se trata de una iniciativa que busca indemnizaciones a los familiares de las víctimas del 2001.
Según información oficial, este martes 31/05 la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado tratará, desde las 15, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio decretado por el expresidente Fernando De la Rúa.
Fue el propio Presidente de la nación quien a finales del 2021 habló sobre la represión ocurrida en el 2001, y en ese sentido disparó contra la Justicia, al tiempo que anunció el envío del proyecto al Congreso, que finalmente se tratará y buscan su aprobación sin mayores problemas.
Lo que pidió Alberto Fernández es que se conceda una indemnización por aquellas personas que fallecieron o sufrieron lesiones gravísimas ante la acción represiva del Estado en las protestas del 19 y del 20.
“La Justicia tardó 20 años en llegar y llegó mínimamente”, dijo Fernández, que habló de condenas “por delitos menores” y aseguró: “Llegó 20 años después porque los que tenían que firmar el fallo sabían que esta plaza se iba a colmar de gente el 20, reclamando justicia, y quisieron acallar esas voces. No sé si lo lograron con esa condena, lo que no va a faltar es nuestro espíritu de seguir manteniendo viva la memoria de esas víctimas, de seguir reivindicando la idea de que el Estado no está para ejercer violencia contra el que protesta”, dijo el Presidente en esa oportunidad.
Además, el presidente recibió en una reunión en la Casa Rosada a un grupo de familiares de quienes perdieron la vida en esos sucesos.
En esa reunión participaron Marta Adelaida Almirón y Héctor Fernando Fiori, madre y hermano de Carlos Almirón; Adriana Ochoa, prima de Gustavo Benedetto; Marta Pinedo, esposa de Alberto Márquez, que asistió al encuentro junto a su hija María Soledad Aguilera; y María Arena, esposa de Gastón Riva.
Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez murieron durante la represión policial a la jornada de protesta que tuvo lugar en el centro porteño durante la tarde del 20 de diciembre de 2001.
En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno recordó que “el Estado accionó de manera represiva” en esa ocasión y fueron 39 las personas que “perdieron la vida y hubo un saldo de más de un centenar de heridos”. En ese sentido, la propuesta contempla también a quienes hayan resultado “gravemente heridos” por esos hechos.
Similar a otras leyes reparatorias, el proyecto establece “un beneficio extraordinario, a percibir por única vez, en concepto de indemnización, para los herederos y las herederas o derechohabientes de las personas que fallecieron como consecuencia de la represión desplegada por el Estado, en las manifestaciones de protesta ocurridas, en todo el territorio nacional, los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio declarado mediante el Decreto N°1678 del 19 de diciembre de 2001; y también para las personas que sufrieron lesiones gravísimas en las mismas circunstancias o, en su caso, para sus herederos y herederas o derechohabientes”.
El texto, que indica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación, estipula que la indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A-Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. Asimismo, aclara que en el caso que el beneficio correspondiere a las personas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas, ese monto será un 30% menor.
También se establece la gratuidad de todos los trámites y que la indemnización estará exenta de gravámenes, y de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.
“Si existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos a que se refiere la presente ley, quienes pretendan acogerse a dicho beneficio, y al tiempo de solicitarlo, deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por la misma causa”, prevé.
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