"En Argentina, hay una inquietante cantidad de altos funcionarios, tanto nacionales como de diferentes provincias y municipios: ministros, legisladores y jefes de gobierno, que se creen impunes y privilegiados, exentos de tener que cumplir con la ley, y que no usan el cinturón de seguridad. No solo ponen en riesgo sus vidas y las de los demás, sino que no honran sus cargos y constituyen modelos negativos para la sociedad", fustigó la organización.
Y agregó que "si bien todos tenemos la obligación de respetar las normas de tránsito, resulta imprescindible que las autoridades sean ejemplares en esto ya que son ellos quienes gobiernan, en muchos casos legislan, y en otros fiscalizan las calles para asegurar el cumplimiento de las leyes y sancionar a los transgresores. Ante conductas en contra de la Seguridad Vial como ésta, deberían ser sancionadas con el máximo rigor".
Asimismo, Luchemos por la Vida explica que "además de que su uso es obligatorio por ley, la efectividad de los cinturones como medio eficaz para salvar vidas en caso de sufrir un siniestro vial es una verdad científicamente demostrada. El cinturón de seguridad impide golpearse o ser despedido del vehículo, hacia una muerte casi segura. En la ciudad, aún a poca velocidad, también evita la muerte o lesiones graves. Pero irracionalmente algunas personas se niegan a aceptar esta realidad por múltiples razones con las que intentan justificar que siguen arriesgando sus vidas innecesariamente, por el simple capricho de no hacer un 'click', y protegerse mucho más, no sólo a ellos, sino también a los demás".
Al momento de publicar esta nota, Molina no había realizado declaraciones al respecto.
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