Con la premisa inicial de no hacer caer el déficit sobre los jubilados provinciales, el nuevo gobernador entabló conversaciones y logró destrabar un acuerdo. Así, canceló lo que hubiera sido su primer paro a tan solo dos semanas de haber asumido como gobernador.
Para los estatales, se respetó el incremento salarial previsto para diciembre (ajustado por inflación) y se desistió en los incrementos de los aportes planteados en la sesión legislativa previa. Pero Llaryora también logró imponer parte su premisa y pudo redireccionar recursos hacia Apross.
Así, el Gobierno provincial presentaría en la última sesión del año (miércoles 27/12) la ratificación del acuerdo en la Legislatura. El mismo comprende un aumento de un 1% en los aportes para la obra social de los trabajadores provinciales, que saldrá del bolsillo de estos últimos.
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Desde la administración de Llaryora esperan que no haya trabas como sucedió en la última gestión, donde la negociación con una banca kirchnerista hizo caer la estocada inicial. Con el clima gremial un poco más calmado, el Gobierno provincial buscaría avanzar en su rumbo más austero, aunque comprendiendo que deberá ser con acuerdos ante la falta de una mayoría absoluta como tenía en años anteriores.
Mientras tanto, Llaryora insistirá con reclamos a Nación por la recomposición de la deuda con el déficit de la Caja de Jubilaciones. Cabe recordar que Córdoba reclama hace décadas al Estado nacional la financiación de dicho déficit, que está prevista por ley.
En ese orden, la llegada de una nueva administración nacional y la inclusión de ex funcionarios del Gobierno provincial en el nacional se presentó como un escenario alentador. Sin embargo, la evidente vocación de recorte de la administración de Javier Milei podría derrumbar la ilusión cordobés de recuperar el equilibrio de su Caja.
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