CÓRDOBA. Al igual que casi toda la política, Martín Llaryora no tendrá “luna de miel” para su primera gestión como gobernador. De hecho, su administración arrancó bajo un contexto muy ardiente empujado por lo nacional, y sus esquirlas locales.
Una de esas es el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que según la provincia debe ser financiado por Nación, algo que no se cumple hace años fruto del quiebre de relaciones entre el kirchnerismo y el PJ cordobés. El caso ejerce un peso tal en las finanzas cordobesas, que es una de las prioridades a resolver de manera inmediata para el flamante gobernador.
En ese orden, ayer se produjo una de las primeras batallas que dará Llaryora para acomodar los números y poder desarrollar las bases de su gestión provincial con calma. Algo parecido a lo que hizo cuando se transformó en intendente de Córdoba capital.
En la Legislatura cordobesa, el gobernador movió fichas para poder balancear el déficit de manera provisoria, al menos hasta que Nación dé respuesta a la problemática que le correspondería solucionar, según la Provincia. En una de las primeras sesiones durante su mandato, Llaryora intentó impulsar un aumento de los aportes de los estatales provinciales activos para la Caja de Jubilaciones y así aplacar el déficit que amenaza con romper el balance fiscal que demanda el contexto económico.
Lo propuesto por el gobernador mediante los legisladores oficialistas y el bloque aliado del Gobierno provincial era empujar una suba del 6% en los aportes. De ello, un 4% sería destinado a la Caja y un 2% a Apross, la obra social de los estatales cordobeses.
Naturalmente, la propuesta generó un rechazo inmediato de los empleados provinciales activos. A punto tal que convocaron un paro para el próximo martes 26 de diciembre.
Durante la madrugada del miércoles, el oficialismo no logró empujar a la sesión la discusión planteada. Con la pulseada legislativa perdida por la falta de un voto, Llaryora se dispuso a dialogar con el gremio de los provinciales y así poder desactivar la tensión que se había generado.
La intención del Gobierno provincial es poder reconfigurar los aportes para que los jubilados provinciales no tengan que sufrir “el esfuerzo” que se viene. Según entienden en el Ejecutivo, los pasivos son siempre la primera variable a ajustar en épocas de vacas flacas.
Por otra parte, el Gobierno provincial buscaría rediscutir la paritaria firmada por el Gobierno de Juan Schiaretti. Bajo ese marco, Llaryora enfrentaría dos desafíos muy grandes al comienzo de su relación con los estatales provinciales.
Para los estatales, la administración de Llaryora se encontró con un escenario imprevisto empujado por el contexto nacional. Y ahora, los acuerdos rubricados durante los últimos días de la gestión Schiaretti serían dificultosamente cumplidos.
Ya en sus inicios como intendente de Córdoba, Martín Llaryora tuvo un arranque fuerte en su relación con el gremio de estatales. El gobernador, que en ese caso heredó una administración al borde del abismo, entró fuerte a la gestión con cambios contundentes en las condiciones de trabajo apuntando a la austeridad municipal.
Las primeras medidas en ese sentido tuvieron que ver con reducciones horarias, la cancelación de pases a planta permanente y otras medidas que culminaron con una época de despilfarro municipal. Todo ello frente a un gremio mucho más conflictivo que los que enfrenta ahora a nivel provincial.
Con esas medidas, y luego de un fino juego político dentro del gremio municipal, Llaryora logró dominar e imponerse, balanceando las arcas golpeadas de la Municipalidad de Córdoba. Algo que logró en un contexto de crisis desatado por la pandemia.
Ahora, en otras condiciones incluso más asfixiantes desde lo económico por el contexto nacional, el nuevo gobernador intentaría tomar control rápido y contundente de la planta provincial. Eso podría asegurarle algo más de “cintura” en un futuro que se avizora de vacas “flacas”.
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