Desde la IGJ señalaron además que este tipo de acciones están "en flagrante violación de toda la normativa prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles y por la Ley Nº 26215 de Financiación de Partidos Políticos".
La Inspección General de Justicia recordó que el análisis se basó en la documentación administrativa referida por la propia institución de Bullrich y que exhibió "incumplimiento de las actividades" y "encubrimiento de las verdaderas actividades de dicha institución".
En este sentido, se aseguró que una vez que la precandidata fue aludida por la resolución lo calificó como "un acto de persecución y hostigamiento a su persona" aunque reconoció que "vivía de la actividad y resultados de la asociación, lo cual esta prohibido por el Código Civil y Comercial".
Finalmente, desde el organismo de inspección explicaron que el IEES interpuso un recurso de apelación que no fue procedente y por lo tanto la intervención iba a "necesariamente llevarse a cabo".
"Las `actuales autoridades´ del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES ) prefirieron tomarse vacaciones", finalizaron desde la IGJ.
Vale destacar que Patricia Bullrich había vinculado la intervención -solicitada por la Inspección General de Justicia tras hallar "irregularidades" en la fundación- a un "ataque" del kirchnerismo en el marco de la campaña electoral, y nada dijo sobre las acusaciones en particular.
"El ministro de Economía Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía", lanzó Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter cuando se dio a conocer la intervención.
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