La orden de Loretta Preska y el cronograma
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La jueza del distrito Sur de Nueva York Loretta Preska no aceptó el argumento argentino por el que se negaba a entregar la información solicitada por el fondo Burford.
El país no entregaba la documentación porque decía que el Estado, no tiene la información que pertenece al Banco Central, pero la jueza Preska no aceptó ese argumento teniendo en cuenta comentarios en la prensa del ministro de Economía, Luis Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, entre otras informaciones.
"Preska ordenó la semana pasada entregar no solamente esa información sobre el oro, sino también sobre cuentas diplomáticas y otras cuentas que tiene Argentina en el exterior", añadió Maril.
El cronograma acordado por las partes tiene en el 14 de marzo como fecha límite para completar toda la información requerida y detalla los días en los que el Gobierno debe completar la información sobre cada activo requerido por los beneficiarios.
Así, para el oro del BCRA se pactó que los documentos sobre la ubicación y otros detalles serán entregados el 28 de febrero.
Ese mismo día también entregará la información sobre las cuentas bancarias que el Estado tiene en la Argentina. Los datos de cuentas en Estados Unidos serán entregados el 7 de febrero, día en que el Gobierno se compromete a recabar datos sobre las cuentas que puedan tener embajadas, consulados y fuerzas de seguridad fuera de Argentina y Estados Unidos.
Ahora sí, los "activos argentinos están en riesgo"...
Cuando Luis Caputo, ministro de Economía, habló del envío de parte de las reservas de oro al exterior dijo que le parecía una buena decisión para obtener algún rendimiento sobre esas tenencias.
Pero el Banco Central se negó a dar más detalles al respecto y, después de varios pedidos de acceso a la información pública, la entidad distribuyó un comunicado en el que confirmó el envío de reservas al exterior, pero argumentó en favor de la confidencialidad de esas operaciones.
Y expresó su preocupación por la difusión de información sobre las reservas de una manera que consideró irresponsable y con fines políticos: "Puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos", aseveró el documento oficial.
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