Como la causa al ser apelada se extendería en el tiempo, y tendría una resolución, probablemente, más allá del 2025, Burford pidió el derecho de embargar activos financieros y físicos del país ubicados en los Estados Unidos, como garantía de cobro futuro y aplicando la teoría del 'Alter Ego' (la consideración que las tres sociedades forman parte del Estado Nacional y, en consecuencia, pueden ser colocadas como garantías).
Algunos analistas sugieren que Estados Unidos podría recomendar la designación de un mediador especial para evitar escaladas en el conflicto. Un fallo desfavorable podría habilitar embargos... Algunos analistas sugieren que Estados Unidos podría recomendar la designación de un mediador especial para evitar escaladas en el conflicto. Un fallo desfavorable podría habilitar embargos...
La causa se basa en la decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, por la manera en que durante el gobierno de Cristina Kirchner y Axel Kicillof como ministro de Economía, el Congreso Nacional aprobó la ley que autorizó la toma del control accionario mayoritario de YPF, sin tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios.
La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park que reclaman por la forma del proceso de renacionalización comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.
Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.
Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. La base de la demanda es por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías ya quebradas, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner habilitó su ingreso como socios locales de la petrolera.
El Grupo Petersen quedó absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle al grupo argentino.
"Naciones aliadas"
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Según manifestó el especialista Sebastián Maril, tras las elecciones de la próxima semana "es probable que Estados Unidos recomiende que la jueza Preska se abstenga de ordenar la transferencia de las acciones de YPF a los beneficiarios de la sentencia, teniendo en cuenta la relación entre dos naciones aliadas".
"Sin embargo, también creo que los Estados Unidos entiende perfectamente que una nación soberana amiga (Argentina) violó las leyes locales del mercado de capitales. Por esta razón, no me sorprendería si también sugirieran que la jueza Loretta Preska designe un mediador especial para ayudar a ambas partes a resolver la disputa", agregó el CEO de Latam Advisor.
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