Según publicó este lunes el diario Ámbito Financiero, entre los gobernadores comienzan a ver la ampliación no sólo como probable "éxito de mínima" en un escenario donde los 2 tercios parece inalcanzables, sino además como "vía de escape" para una eventual crisis institucional derivada del jury.
Así lo relató el periodista Gabriel Morini en el citado diario:
"El llamado a extraordinarias contiene una gran dosis de agenda judicial. Pero dentro de esa agenda, resucita un proyecto que tiene sanción del Senado y que es la ampliación de la Corte Suprema no ya al excéntrico número de 25, sino a 15 miembros, lo que triplicaría al actual. Lanzado como una piedra al agua en su momento, para algunos gobernadores comienza a ser un éxito de mínima que pueda discutirse como resultado del proceso de esmerilamiento de la comisión. Tres mandatarios provinciales, dos que no firmaron el documento y uno que sí, consultados por Ámbito, proyectaron que el proyecto de ampliación podría convertirse en una vía de escape medianamente aceptable si la tensión institucional que se va a vivir alcanza niveles de alarma. Como todo, es de pizarrón y requeriría que la comisión tuviera cierto éxito en lograr su cometido de comprobar irregularidades en el tratamiento de los expedientes en el máximo Tribunal pero pusiera proa no tanto al objetivo de destituir a los jueces, sino en la necesidad de modificar el funcionamiento del tribunal. ".
Es probable que a esta realidad se haya ajustado la presidente de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Carolina Gaillard, quien evitó afirmar que el objetivo del proceso es la destitución de los ministros de la Corte.
Ante la pregunta de eldiarioar.com respecto a cuál era "el objetivo final" de la avanzada, la diputada respondió:
"El objetivo es iniciar un juicio político a partir del conocimiento público de muchísimas irregularidades. A partir de eso se va a investigar. Nosotros vamos a producir la mayor cantidad de prueba posible para fundar, o desestimar, la acusación en el dictamen final de la comisión. Si se avanza y formula un dictamen de acusación, será tratado en el pleno o no. Sino tendrá vigencia de tres años y ser tratado en el momento oportuno. A nosotros, la dirigencia política, nos genera asombro y estupor el escándalo que involucra a los miembros de la Corte, y las instituciones están para funcionar y la Constitución estableció la herramienta del juicio político cuando se configura el mal de desempeño. La cámara de diputado tiene que acusar, el rol de fiscal".
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