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Juan Schiaretti apuró y Alberto tuvo que soltar plata

Juan Schiaretti intimó al presidente a pagar la deuda con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Anses giró algo de dinero (no todo).

CÓRDOBA. Juan Schiaretti volvió hoy a la carga por el déficit que Nación debe afrontar respecto a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. El mandatario cordobés intimó directamente a Alberto Fernández para que el Ejecutivo hiciera los giros correspondientes a marzo, que habían sido postergados.

La intimación, que fue tan solo otro movimiento de una discusión que lleva décadas, desencadenó la transferencia de un 17% de la deuda por parte de Anses, destrabando para Córdoba algunos fondos. Aunque, claro, lejos está de resolverse.

Desde hace casi dos décadas, Córdoba le reclama a Nación la financiación completa del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Ese fenómeno se vio especialmente acentuado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y precisamente fue el punto de ruptura entre el PJ de Córdoba y el kirchnerismo.

La primera discusión, según cuentan presentes en aquel entonces, fue entre José Manuel de la Sota y Néstor Kirchner en la antigua Casa de las Tejas. Allí, presidente y gobernador discutieron acaloradamente (algunos dicen que hubo piñas) y sentaron una grieta que sería insalvable.

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El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en un recorrido de obras en su provincia.

Tiempo después, el Gobierno de De La Sota responsabilizó a la ex presidente Cristina Kirchner de no enviar fuerzas federales a Córdoba durante el acuartelamiento en 2013. La medida habría sido una presunta represalia por el reclamo respecto a la Caja de Jubilaciones.

Ya en 2023, el conflicto sigue. Ahora, Anses transfirió dos de las tres cuotas adeudadas este año, por un total de $ 2.144 millones, a razón de $ 1.072 millones por cada mes.

Además, Córdoba reclamó a Nación una adecuación al índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Todo ello bajo la Ley de Presupuesto Nacional sancionada para el ejercicio 2023 (Ley 27.701).

Ajustados con el índice de movilidad del SIPA, las obligaciones del Estado nacional ascienden a $12.843 millones, a razón de $4.281 millones por mes. Por lo que el envío solo representa un 17% de lo adeudado.

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