En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal N°5 dispuso por mayoría el sobreseimiento de todos los imputados en la causa, en la que se investigan supuestas maniobras de “lavado” a través de los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz.
La Casación debe resolver si ratifica los sobreseimientos o si, en caso contrario, retrotrae la situación a la previa de aquel fallo y en consecuencia ordena la celebración del juicio oral y público.
Además de la de este jueves, el tribunal prevé realizar otra audiencia, el 22/11, en las que escuchará las exposiciones de todas las partes previo a tomar una decisión.
La acusación con la que avanzaron las causas Los Sauces y Hotesur se basaban en que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa alquilaban habitaciones de los hoteles como una suerte de “retorno” por el dinero que obtenían mediante la adjudicación de licitaciones y negocios con el Estado.
El Tribunal Oral número cinco, por mayoría, descartó la figura del “lavado de dinero” por la que estaban siendo investigados la vicepresidenta y sus hijos.
La defensa de la Vicepresidente sostuvo que todo el giro comercial de las empresas de la familia Kirchner dedicadas al rubro hotelero se realizó a través de operaciones bancarias registradas, por lo que no pudo existir el delito de lavado.
Para que exista lavado, señalaron los defensores, “los bienes provenientes de un delito que están por fuera del sistema económico legal se integran al mismo a través de una o varias actividades, simultáneas o sucesivas, que tienen por propósito dotar a los bienes originarios -o sus subrogantes- de apariencia de legalidad”. Eso –aseguraron- no ocurrió, ni pudo haber ocurrido en el caso.
Pero el fiscal general Mario Villar postuló que el sobreseimiento fuera anulado y, como derivación de ello, se designara a un tribunal para realizar el juicio oral.
En la causa también están imputados los hijos de Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner.
El fiscal Villar sostuvo en la audiencia que el tribunal oral hizo una mala interpretación de la ley de lavado de dinero y rechazó el argumento de que como los fondos que se investigan estaban bancarizados no hubo lavado. “Es insostenible. ¿Eso impide que sea obtenido ilícitamente?”, dijo y señaló que los tratados de organismos internacionales dicen que siempre el dinero ilegal pasa por la bancarización porque es una parte de sostener la licitud de los fondos.
También sostuvo la acusación por asociación ilícita. El tribunal oral dijo que el mismo delito se investiga en otras causas, como la de obra pública que está en juicio y en la que el fiscal Diego Luciani acusó a la vicepresidenta por ese delito y por administración fraudulenta y pidió que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero Villar señaló que se trata de asociaciones ilícitas distintas.
Tras la exposición del fiscal comenzaron las defensas. Este expuso Martín Arias Duval, abogado de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria de la familia, y de su cuñado Alberto Leiva.
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